En los municipios de Salliqueló (Provincia de Buenos Aires), Castro Barros (La Rioja), Puerto Esperanza (Misiones), Calilegua (Jujuy) y Viedma (Rio Negro) se sancionaron la semana pasada ordenanzas que establecen la obligatoriedad de difundir en lugares de alto tránsito de cada municipio la línea nacional, anónima y gratuita 145, para denunciar situaciones de explotación sexual o laboral. En todos los casos, las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad e impulsadas conjuntamente con los delegados y delegadas del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas, que conduce Gustavo Vera.

Al mismo tiempo, en los municipios de San Carlos y Tartagal, en la provincia de Salta, se sancionaros dos ordenanzas más de cupo laboral para incentivar la inclusión laboral de personas que fueron víctimas de trata de personas. Mediante estas ordenanzas se reserva el 1 % de todos los cargos disponibles en todas sus modalidades contractuales para incluir laboralmente a personas que fueron víctimas de trata de personas y se establecen planes de capacitación.

En este orden, ya son 28 municipios en 9 provincias que votaron ordenanzas de cupo laboral y 2 provincias que sancionaron leyes de inclusión laboral en el ámbito público y privado. Entretanto, alrededor de 40 ordenanzas disponen la obligatoriedad de la difusión de la línea 145.

El trabajo profundamente federal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata con delegados y delegadas en todas las provincias y secciones de la provincia de Buenos Aires, se expresa en las más de 60 ordenanzas, los numerosos proyectos de ley de inclusión laboral en estado parlamentario, la extensa coordinación en 28 mesas interinstitucionales, las masivas y sistemáticas capacitaciones y, como se refleja esa capilaridad territorial, en las denuncias al 145 que llegan desde todas las jurisdicciones del territorio nacional.