Los concejos deliberantes de Campo Quijano y Las Lajitas, de la provincia de Salta, sancionaron ordenanzas en las que reservan el 1 % de los cargos disponibles en el municipio para promover la inclusión laboral de las víctimas rescatadas del delito de trata de personas. También prevén la capacitación obligatoria y remunerada de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos. En todos los casos, se garantiza la confidencialidad de los datos de las personas afectadas.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Resistencia, provincia del Chaco, en su última sesión, adhirió por unanimidad a la ley provincial 3475-L, la cual prevé un sistema de incentivos impositivos para las empresas radicadas en la provincia que den trabajo a víctimas de trata y explotación de personas, que accederán al reintegro de las cargas sociales de cada empleado durante el periodo de un año.

A su vez, en el ámbito público se deberá establecer una proporción no menor al 1% de cupo laboral de víctimas de trata y explotación de personas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, para lo cual se reservarán puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas.

Además, con dicha adhesión se instituye un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y profesional orientada a víctimas de trata y explotación de personas que no reúnen las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos.

En la elaboración de la norma colaboraron: el delegado chaqueño del Comité de Lucha contra la Trata, Fernando Lovey, y las concejalas Soledad Villagra y María Teresa Celada. Cabe recordar que en la misma provincia fue aprobada una ordenanza similar, en la municipalidad de General San Martín.

Con estas nuevas ordenanzas, ya son 21 municipios en 9 provincias que sancionaron normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata. En Salta (Campo Quijano, Las Lajitas, Rosario de Lerma, Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Saravia); Corrientes (San Luis del Palmar, Virasoro y Santa Lucía); Formosa Capital; Córdoba (Malvinas Argentinas); Chubut (Rawson); Chaco (Machagai y Resistencia); Misiones (El Dorado); Santa Fe (Gobernador Gálvez); La Rioja (Araujo y Chilecito); y en Buenos Aires (Marcos Paz). Al mismo tiempo, decenas de concejos deliberantes de todo el país se encuentran tratando iniciativas con el mismo objetivo.

Estas normativas complementan las leyes provinciales que ya sancionaron provincias como Chaco y Catamarca para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata, tanto en el ámbito público como privado. Mientras que, en las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz ya se encuentran proyectos similares que cuentan con tratamiento parlamentario.