Las ordenanzas de Machagai y San Luis del Palmar replican y se inspiran en las que ya se votaron en San Miguel de Tucumán, Santa Lucía y Virasoro (Corrientes), Rawson (Chubut) y Chilecito (La Rioja) y la ley provincial sancionada por el parlamento de la provincia de Catamarca. En todos los casos fueron iniciativas propuestas de los delegados y delegadas del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas que preside Gustavo Vera.

Ya son siete municipios de cinco provincias y una provincia las que contemplan normas que garantizan la reinserción laboral para las personas que fueron víctimas de trata de personas. Se trata de territorios que sumados comprenden una población más de 1.200.000 habitantes. Una docena de municipios y varias provincias están debatiendo en estos días ordenanzas o leyes similares para garantizar cupos o programas de capacitación y reinserción laboral.

Estas iniciativas se complementan con el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de trata y explotación de personas” que ya está en funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicho programa está capacitando en oficio a decenas de víctimas rescatadas del delito de trata a las que se incluirá laboralmente en el ámbito público o privado luego del entrenamiento durante un año en el cual perciben un salario no inferior al mínimo, vital y móvil que les paga el Ministerio. Dicho programa es una acción en ejecución del plan bienal 2020-2022 elaborado por el Comité Ejecutivo.

En el caso específico de Machagai (Chaco), la ordenanza fue sancionada el lunes por mayoría. La ordenanza reserva prioritariamente el 1 % de los cargos disponibles en el municipio, para promover la Inclusión Laboral de las Victimas Rescatadas del delito de Trata. También prevé la capacitación laboral obligatoria y remunerada, de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos y en todos los casos, se garantiza confidencialidad sobre los datos, de quienes fueron víctimas. Asimismo, se fomentará el empleo de personas víctimas de trata, con el otorgamiento de Prioridad en la selección de contratistas del Departamento Ejecutivo Municipal, como proveedores de insumos y provisiones a quienes lo efectivicen. También, se tendrá consideración a los contratistas del Poder Ejecutivo, Proveedores de Insumos y Provisiones que contraten personas víctimas de trata.

Esta Ordenanza, es la primera que se sanciona en el Chaco, y se suma a la campaña por restituir Derechos de víctimas de Trata, que propicia el Proyecto de Ley 2158/2021 que se está tratando en la Legislatura de esta provincia y que está sumando la adhesión de la mayoría de las fuerzas políticas. La autora del proyecto fue la concejala María Laura Cerdeira (PJ) a pedido y trabajada con el delegado del Comité en dicha provincia, Fernando Lovey.

En San Luis del Palmar (Corrientes), la ordenanza de cupo laboral fue aprobada ayer por unanimidad. La autora del proyecto fue Isabel Blanco (PJ) a pedido y trabajada junto al delegado del comité, José Serbin. La ordenanza habilita al Poder Ejecutivo Municipal a reservar prioritariamente el 1 % de los cargos disponibles, en todas las modalidades de contratación para las víctimas que hayan sido rescatadas del delito de trata de personas y otorga prioridad en la selección de contratistas del departamento ejecutivo municipal como proveedores de insumos y provisiones a quienes incorporen laboralmente personas que fueron víctimas. También prevé la capacitación remunerada para quienes no tengan oficio o antecedentes laborales. Con la aprobación de San Luis del Palmar, ya son tres los municipios que tienen ordenanzas similares en la provincia de Corrientes.