La investigación había comenzado en 2001 luego de una denuncia de la OA. Se objetó el pago por parte del Estado de las guías telefónicas distribuidas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores entre los años 1988 y 1990. La causa fue elevada a juicio en 2011 por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4. Seis años después dará comienzo el debate oral en el Tribunal Oral Federal N° 6.

Cabe recordar que, por sus intervenciones en la causa por el pago a Meller, fueron destituidos los jueces de la Corte Suprema Antonio Boggiano y Eduardo Moliné O´Connor.

Por otra parte, el 30 de mayo, ante el Tribunal Oral Federal N° 4, comenzará el juicio por enriquecimiento ilícito al ex Ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. La causa se había iniciado en diciembre de 2000. En 2003 la OA se presentó como querellante y aportó un peritaje contable -que analizó los bienes de Granillo Ocampo entre 1994 y 1999- que concluyó que el ex funcionario se habría enriquecido de manera ilegal en más de un millón de dólares que figuran en la declaración de impuestos de 1995 y tres departamentos a nombre de sus hijos por casi 600 mil dólares. La causa fue elevada a juicio en 2012.

La titular de la OA, Laura Alonso, expresó su mirada sobre el hecho que las causas vayan a juicio recién dos décadas después de los sucesos: “Estos juicios son un ejemplo de lo que no queremos que vuelva a suceder en nuestro país: ni funcionarios que se enriquecen ni una Justicia que no llega”. “Representan la dilación inexplicable de la Justicia en las investigaciones de corrupción. Esperamos que esto no vuelva a suceder porque este atraso erosiona la confianza de los ciudadanos en la Justicia. La mayoría de los argentinos queremos que esto cambie y que esta historia no se repita nunca más”, agregó.

Asimismo, Alonso sostuvo que el atraso de la Justicia “le hace un daño internacional grave a la Argentina, como fue reflejado en el análisis de los retrasos extraordinarios de la Justicia argentina en los casos de corrupción que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su último reporte”. Al respecto, la OCDE señaló el mes pasado que “los examinadores principales están seriamente preocupados por los extraordinarios retrasos en casos de delitos económicos en Argentina”.