El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció hoy que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que crea una acción civil para extinguir el dominio de aquellos bienes que se presume provienen de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos titulares no puedan probar su origen lícito. Lo hizo acompañado por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Estamos hablando de dinero, campos, casas, barcos, autos y hasta obras de arte que se van a poder subastar y destinar a políticas públicas que son fundamentales para los argentinos," detalló el presidente y explicó: “Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente, los proyectos en el Congreso están estancados”.

“Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente. Que sepan que en la Argentina hoy, el que las hace las paga," sostuvo Macri.

Tras el anuncio, Garavano destacó la importancia de la norma, que tramitará en la justicia federal, que “no solo devuelve los bienes al Estado, sino que una vez recuperados corta el sistema para que estas organizaciones nacionales e internacionales se puedan seguir financiando”.

El ministro agregó que se trata de “un proyecto que es enteramente civil a diferencia del proyecto del Senado, avanza con algunas regulaciones específicas para el Código Procesal Civil y Comercial y asigna competencia al fuero civil y comercial federal y a la Justicia que tiene competencia civil federal en el interior del país, porque no son solo casos de Capital Federal, sino muchos casos de narcotráfico que están extendidos por todo el país”.

“Es un régimen amplio que está destinado a combatir a las mafias y a las organizaciones criminales por diversos hechos, que incluye la corrupción, pero también la trata de personas, temas de pornografía infantil y de narcotráfico. Está destinado a los bienes que son ilegales de organizaciones que han lucrado con bienes que son de todos nosotros. Hay amplias garantías para personas que tengan bienes de buena fe, que sean propios,” subrayó Garavano.

Por su parte, la ministra de Seguridad destacó que “con el ministro de Justicia hemos hecho la cuenta y en estos años de gobierno hemos decomisado 23 mil millones de pesos en drogas, en campos. Un porcentaje mínimo de lo que podríamos haber hecho si hubiéramos tenido este mecanismo rápido, inmediato y eficaz”, en referencia a la extinción de dominio.

“Con esto los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos, porque acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes,” sentenció Bullrich.

El decreto a su vez, crea una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN), dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación que será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares y junto con los fiscales, presentar las demandas e impulsar las acciones.

Los bienes incluidos serán todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria. También los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.

Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23.737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.

Asimismo el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Por otra parte, serán alcanzados por la norma delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.

Durante la sustanciación del proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Se introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.

Con esta medida, la Argentina cumple con obligaciones internacionales asumidas en las convenciones Internacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de las Naciones Unidas, e interamericanas contra el Terrorismo y contra la Corrupción.

Por último, el ministro de Justicia puso como ejemplo el “caso de Antoni Wilson”, el empresario venezolano que intentó ingresar al país 790.550 dólares sin declarar, y refirió que tras una decisión judicial, el Poder Ejecutivo destinó el dinero que había en la valija para construir dos Espacios de Primera Infancia, uno en Oberá, Misiones y otro en Tafí Viejo, Tucumán.