La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, participó de manera virtual de una reunión del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organismo que preside.

“Este Comité, de composición variada e interinstitucional, cumple un rol crucial en la estrategia de nuestro país a la hora de prevenir y combatir delitos gravísimos que amenazan la seguridad y el bienestar de la Argentina”, afirmó la Ministra.

“Esta lucha constituye una prioridad estratégica para el Estado. Reitero mi más alto compromiso político e institucional para que la Argentina prevenga y combata eficazmente el lavado de activos y sus delitos conexos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, concluyó Losardo.

El Ministerio tiene a su cargo el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Su misión es reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las Convenciones de la ONU y los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

De la reunión participó Adriana García Netto, Coordinadora Nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y GAFI-LAT.

También el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz; la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; el director del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Capello; y el Subsecretario de Asuntos Registrales, Víctor Malavolta.

Y en representación de la Secretaría de Seguridad estuvo Micaela Laura Méndez; de la Superintendencia de Seguros de la Nación; Juan Carlos Otero, de la Comisión Nacional de Valores; José Morena, del Instituto de Asociativismo y Economía Social; Holger Federico Martinsen, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Roberto Lemos Arias, de la Corte Suprema de Justicia; y Mario Villar, del Ministerio Público Fiscal.