Fueron más de dos años de un intercambio que se realizó con a través de debates presenciales en mesas temáticas, reuniones informativas y a través de la plataforma virtual de participación ciudadana Justicia 2020. Organizaciones, especialistas, profesionales de la materia y funcionarios de todos los poderes del Estado realizaron un intercambio trabajo que culminó generó insumos para la elaboración de un anteproyecto de ley para crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Esta iniciativa fue presentada en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en un encuentro del que formaron parte el ministro de Justicia, Germán Garavano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el coordinador general del programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, y el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, entre otros funcionarios y legisladores.

En la reunión, además de llevar a cabo la presentación formal de la propuesta, se explicaron los puntos centrales y por qué resulta necesario que el país avance hacia la creación de un sistema que dé respuestas a los delitos cometidos por jóvenes y, además, resguarde sus derechos.

“El sistema que rige actualmente es un decreto de la dictadura que no genera ningún tipo de garantías para los jóvenes”, expresó Garavano, dando paso a uno de los primeros fundamentos de la elaboración de este proyecto: el decreto ley 22.278 que creó el Régimen Penal de la Minoridad fue promulgado en 1980 y es de carácter “meramente inquisitivo y tutelar”.

Una justicia especializada

Juan José Benitez, subsecretario de Justicia y Política Criminal, fue uno de los funcionarios que hablaron de los aspectos técnicos de la iniciativa. Entre otras cosas, precisó que “este proyecto viene a poner fin a casos que han hecho que Argentina sea condenada a nivel internacional”.

Benitez se refiere al caso “Mendoza”, por el cual el país recibió una condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que cinco menores de edad fueron condenados a penas de prisión perpetua, en violación a la Convención de los Derechos del Niño, de rango constitucional en la Argentina.

Pero, además, esta Convención especifica que los países adherentes deben tener una Justicia especializada para niños, niñas y adolescentes. Esto es lo que propone el anteproyecto, a través de jueces, integrantes de fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios especializados en la materia.

Esto se logrará a través de capacitaciones acordes a los estándares internacionales, de modo que este sistema se pueda diferenciar del que trata con personas adultas. Además, los contextos de encierro también serán especializados.

Además de esto, cada caso será atendido por un equipo conformado por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser un trabajador o trabajadora social. De estas tres personas abocadas al caso, habrá una que actúe como supervisora y que, además, será la encargada de decirle al juez cuál es la medida más conveniente para el adolescente en conflicto con la ley penal.

Una edad bisagra

Por su parte, Gil Lavedra destacó el sistema de escalas que establece la propuestas, mediante el cual los adolescentes de 15 años que cometan delitos que comprenden penas de 15 años de prisión o más –homicidios, violaciones, secuestros extorsivos, entre otros- serán punibles; y para jóvenes de entre 16 y 18 años, comenzará a aplicarse cuando cometan delitos que comprendan más de 3 años de prisión.

El coordinador general de Justicia 2020 también destacó que “no es cierto que los inimputables hoy no se encuentran privados de su libertad”, poniendo de manifiesto una situación que sucede de hecho y que podría valerle a la Argentina una nueva condena a nivel internacional. “Hemos relevado –dijo- que hoy existen más de cien menores de 16 años presos sin proceso de atribución de responsabilidad”.

Gil Lavedra destacó que la puesta en marcha del proyecto costará aproximadamente 550 millones de pesos al Estado en su aplicación. Este presupuesto debe prorratearse en los siete años que -se prevé- llevará la implementación.

Finalmente, Bullrich afirmó que el establecimiento de la edad de punibilidad en 15 años tiene que ver con un estudio pormenorizado de los casos. “Logramos identificar que esta edad es bisagra en los jóvenes, ya que ahí pueden comenzar una carrera delictiva”, explicó.

Y señaló que la mayoría de los casos de delitos graves los cometen personas de entre 18 y 25 años. El sistema serviría para frenar esta “carrera criminal” y lograr la reinserción social de los menores en conflicto con la ley penal.