A 30 años de la sanción de la Ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales el Senado de la Nación invitaron a la secretaria general del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Laura Marrazzo, a exponer su análisis sobre la normativa.

Marrazzo sostuvo que “es tarea del legislador aunar el criterio del Máximo Tribunal expresado en el Fallo Arriola con la ley vigente en materia de estufacientes”.

“El 36,77% del total de detenidos en las cárceles federales, se encuentran privados de libertad por infracción a la ley de drogas, el 38,66% de los mismos, no posee condena firme. En cuanto a las mujeres privadas de libertad en cárceles federales, el 60% de las mismas están detenidas por aplicación de la Ley 23.737”, afirmo la Secretaria General sobre la base de estadísticas de la subsecretaría de Política Criminal, a cargo de Pablo Barbuto.

Finalizando su exposición señaló que “la dicotomía entre la Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desincrimina la tenencia de estupefacientes para consumo personal y la punibilidad que establece la Ley en este sentido, genera una inseguridad jurídica y ello, suele desencadenar injusticias”.

También fue invitado hoy el procurador penitenciario adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare. Asimismo otros funcionarios del Estado y del Poder Judicial ya pasaron por las anteriores reuniones de las comisiones para dar su visión sobre la Ley 23.737, entre otros el secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Alfredo Villaba; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; y el juez y director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano.