El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lanzó un curso virtual sobre la responsabilidad Penal Juvenil desde una óptica restaurativa. Entre otras cuestiones, los participantes de la reunión destacaron la necesidad de que la modalidad de abordaje de los casos sea un trabajo interdisciplinario en el que la comunidad participe, para promover así la reinserción de los niños, las niñas y los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Cuando se presume la comisión de un delito por parte de una persona menor de 18 años, diversas normativas y organismos internacionales –como la Convención Internacional de Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- establecen que esa persona esté sometida a un régimen especial de Justicia.

Ello requiere que los operadores que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley penal sean seleccionados sobre la base de ciertas cualidades y experiencia y, a su vez, estén capacitados para poder abordar los delitos cometidos por los jóvenes.

Según la experiencia de muchos países, no existen resultados positivos cuando la única respuesta por parte del Estado es punitiva. En ese marco, y con un debate llevado a cabo el año pasado para consensuar un proyecto de ley que apunte en este sentido, a través del campus virtual de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal el Ministerio lanzó el curso sobre el “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil desde una mirada restaurativa”.

Está pensado para operadores no especializados que trabajan con adolescentes infractores. Es que en esta primera oportunidad los alumnos serán los asistentes de minoridad y equipos técnicos del Complejo Villa Nueva Esperanza, de la provincia de Buenos Aires, que alberga adolescentes privados de libertad.

Se trata de una capacitación de 15 clases en una plataforma e-learning que incluye foros, textos, videos y actividades que durante seis meses, dictan docentes de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio.

El encuentro, que se llevó a cabo en la sede central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, apuntó a destacar las acciones que vienen desarrollándose a fin dotar a la Justicia Penal Juvenil de un enfoque restaurativo.

Es fundamental que se le brinde al adolescente infractor un tratamiento especializado, individualizado e interdisciplinario, pues el aislamiento de una persona que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta, contribuye a su desarraigo, a su estigmatización y a su desocialización.

La comunidad, parte de la solución

“La víctima y la comunidad deben ser parte de la resolución del conflicto, lo que le da sustentabilidad a esta forma de abordar los casos”, afirmó el secretario de Justicia, Santiago Otamendi. El funcionario también señaló que, en materia estadística –un aspecto relevante para estas iniciativas-, “estas experiencias son muy importantes para medir la Justicia”.

Por su parte, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, destacó que vienen “trabajando entre otras organizaciones con Tierra de Hombres, y en ese andar avanzamos en línea con la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa, impulsada y aprobada entre otras organizaciones por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos”.

También resaltó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos efectuó un relevamiento en el nivel federal sobre operadores clave de distintas jurisdicciones del país que vienen realizando prácticas que promueven la implementación de Respuestas Restaurativas en la Justicia Penal Juvenil, mediante la mediación penal juvenil.

El resultado es un Protocolo en Mediación Penal Juvenil y Acuerdos Restaurativos que establece y define las buenas prácticas y estándares pronto a estar editado a fin de difundirse y trabajarlo con las distintas jurisdicciones.

Protección y promoción

En la primera disertación, Pilar Molina, directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, puso de relieve el trabajo que se llevó a cabo desde que comenzó la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense. Entre otras cosas, destacó cómo el trabajo interdisciplinario y el seguimiento individualizado de los casos ayudaron a mejorar los índices de reincidencia.

“Ahora se aplica una lógica más territorial que incluye el seguimiento de los chicos y sus entornos”, consignó Molina. Y aclaró: “Este sistema es el de protección y promoción y no otro”, en referencia a que no se busca perseguir a niños, niñas y adolescentes, sino brindarles las herramientas para poder reinsertarse en su comunidad.

Por su parte, Silvana Paz, directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, destacó la importancia de trabajar en equipo, con todos los integrantes de un establecimiento de privación de libertad, transmitirles la importancia de darle una función constructiva a su desempeño, que no se limite a que no se escapen los adolescentes, a la vez que acercarle a los adolescentes alternativas educativas y laborales en clave de inserción social.