Más de 60 decanos de facultades de Derecho de todo el país participaron de un encuentro entre representantes de la comunidad académica y funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se desarrolló en el Salón Auditorio de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se realizaron cinco paneles y hubo diez expositores. La jornada estuvo encabezada por Martín Böhmer, director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil.

Participaron además del encuentro -por parte del Ministerio de Justicia- el jefe de Gabinete, Martín Casares; la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Silvia Iacopetti; y la directora de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia, Sabrina Santopinto.

“La línea de acción sobre la reforma de la enseñanza del Derecho es de las más ambiciosas y estratégicas de la gestión del Ministerio. No se pueden cambiar los tribunales si no se acompaña la mejora de las prácticas diarias en las que ustedes trabajan diariamente”, señaló Casares. Y agregó: “Esperamos que los futuros abogados se comprometan con las reformas judiciales, para una mayor legitimidad democrática”.

Böhmer, por su parte, expresó que “hay que darle centralidad en este proceso a algunas instituciones que tradicionalmente han quedado al margen, como la investigación, las revistas jurídicas, la práctica profesional y la enseñanza de las destrezas profesionales”.

Durante la exposición del eje “Justicia y comunidad”, Iacopetti afirmó que “la consolidación del Estado de Derecho depende de una mejor calidad regulatoria y de una mayor confianza en las instituciones”.

“La Argentina tiene obligaciones internacionales establecidas por los ODS, en particular el Objetivo 16, que interpela a los profesionales del Derecho”, añadió Iacopetti.

“El SAIJ trabaja a través de dos bases de datos que tienen alrededor de tres millones y medio de consultas por mes. Dar acceso es también que la información se entienda. También promovemos el lenguaje claro, una técnica para que lo que comunica el Estado sea comprendido por los ciudadanos”, explicó la funcionaria.

A su turno, Santopinto expresó que “el sistema de justicia necesita transparentar sus acciones”. Y argumentó: “La relación entre los ciudadanos y el sistema está mediada por los medios de comunicación. Por eso es necesario generar una relación de confianza entre los medios y el sistema de justicia. En esa línea, el Ministerio lleva adelante el portal Voces por la Justicia, para llegar a la opinión pública de manera fácil y directa. Por otro lado, a través de los talleres de radio en cárceles se cumple con dos objetivos: readaptación social e intercambio comunicacional”.

La voz de los involucrados

“Es central el acompañamiento, también presupuestario, que desde el Estado se le da a la enseñanza del Derecho. En general las demandas de la sociedad siempre fueron por delante del Derecho, pero esta distancia es cada vez menor por el rol de los medios de comunicación: hay cada vez más canales de expresión”, dijo María del Carmen Ortega, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Martín Hevia, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, afirmó que “la acreditación ayudó a repensar los planes de estudios ante los importantes cambios normativos, así como también el rol de los abogados”.

“Hay 22 mil estudiantes de Derecho y el desafío es consolidar la calidad en la masividad”, opinó Néstor Pan, presidente de la CONEAU. Agustina Peretti, directora ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria, expuso que ese programa “financia y apoya la mejora de la enseñanza del Derecho”.

Y Ezequiel Nino, jefe de Gabinete de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, explicó que los Centros de Acceso a Justicia firmaron convenios con 24 universidades para promover la asistencia jurídica a los consultantes.

Cómo se mejoró la formación de los abogados

Entre 2015 y 2016, los encuentros entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación dieron lugar al documento “Lineamientos para la mejora de la formación del profesional en Derecho en el marco de las reformas legislativas nacionales”. A través de ese texto se delimitaron las falencias existentes y los posibles caminos a seguir para superarlas.

Las reformas legislativas representaron una oportunidad para profundizar el debate sobre la educación jurídica. En estos cuatro años de gestión, el RECASO propuso distintos cursos de acción para dar respuesta a los déficits:

-En 2016 se creó el Programa de Formación en Áreas de Vacancia de la Abogacía (PFAVA), con 36 proyectos publicados bajo la colección “Materiales de enseñanza del derecho para la democracia constitucional”, en la biblioteca digital del SAIJ. Este año se trabajó en la presentación de los cursos de formación de formadores, para que docentes e instituciones puedan replicar los contenidos en sus instituciones académicas.

-En 2017 se creó el Protocolo de Evaluación de Cursos o Carreras de posgrado. Así, el Ministerio de Justicia fijó las pautas para la evaluación y aprobación de cursos que serán considerados como antecedentes relevantes en los concursos para la designación de magistrados y en la promoción de quienes forman parte de la carrera judicial.

En 2018 se creó la Red Federal de Revistas Jurídicas. Busca fortalecer y difundir la investigación del Derecho, aportar a la consolidación de las revistas jurídicas universitarias y promover el diálogo entre investigadores y editores.

-En agosto de este año se constituyó la Red de Secretarios de Investigación de las Facultades de Derechos de Universidades Nacionales, coordinando esfuerzos institucionales para promover e incentivar la investigación jurídica.