De esta manera, el organismo a cargo de Alejandro Melik es parte en la investigación seguida contra autoridades y funcionarios del gobierno anterior, por el otorgamiento indebido de pensiones de invalidez en el período comprendido entre los años 2020 y 2023.

Conforme la denuncia que dio origen a la causa, existió un accionar de las máximas autoridades tendiente a flexibilizar el proceso de otorgamiento, que derivó en la entrega masiva e irregular de tales beneficios, inclusive sin tener que acreditar incapacidad laboral y aun percibiendo otros ingresos mensuales.

Dicho accionar se habría completado, según la denuncia, con la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios “especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio” y por el cual se accedía a la pensión en tiempo récord.

La intervención de la OA en esta causa se enmarca en la decisión del organismo de volver a querellar. Y se suma a otras causas en las que ya es parte, donde se investigan el desvío de fondos estatales destinados a comedores de organizaciones sociales (causa “Comedores”) y las amenazas a beneficiarios de planes sociales administrados por la asociación Polo Obrero, para que aportaran dinero a la organización y participaran de cortes (causa “Polo Obrero”).