En ese contexto, la ministra Frederic explicó las acciones que el Ministerio desarrolla desde el inicio de la gestión en relación con dicha problemática: “El ejercicio del control y la prevención de la violencia institucional constituye un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrática y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura”, aseguró.

Frederic expuso ante ambas comisiones, además, un informe pormenorizado acerca de la participación del Ministerio en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Si bien es la Justicia Federal la que lleva adelante la investigación del caso, la cartera de Seguridad de la Nación ya ha puesto a disposición muchos de sus recursos, como por ejemplo el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que lleva adelante un registro de todas las personas desaparecidas a nivel nacional y coordina con los demás organismos del Estado para intervenir articuladamente con el Poder Judicial.

Además, las cuatro fuerzas federales operan en conjunto en tareas de rastrillaje y actuaciones vinculadas con la búsqueda. “Estamos permanentemente en contacto con los requerimientos que pueda solicitar la Policía Federal, en su carácter de auxiliar de la investigación, porque entendemos que para el Estado Nacional y la Argentina en su conjunto es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo”, afirmó al respecto.

La ministra señaló luego que la política implementada por su gestión es “transversal y basada en tres líneas de acción: el esclarecimiento de la responsabilidad administrativa del personal involucrado en hechos de violencia institucional y la aplicación de la correspondiente sanción de modo de evitar la impunidad de la conducta; el desarrollo de acciones preventivas de la violencia institucional; y el trabajo articulado con el Programa del Uso de la Fuerza y las áreas de formación del Ministerio”.

Asimismo, Frederic detalló el tratamiento dado por el Ministerio ante las denuncias recibidas por hechos de uso abusivo de la fuerza por parte del personal dependiente de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, producidos en el marco del Decreto Nro. 297/2020 y sus prórrogas: pedido a las fuerzas involucradas de toda la información de los casos junto con los antecedentes de quienes pudieron haber participado; tareas para identificar al personal que no haya sido individualizado; y el correspondiente inicio de sumarios administrativos (si así correspondiera), entre otras acciones que realizan distintas áreas de la Cartera.

En cuanto a la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación ante hechos de violencia institucional perpetrados por cuerpos policiales provinciales, la ministra remarcó que “la dirección, el control, la formación y la capacitación de las policías provinciales que integran el Sistema de Seguridad Interior, corresponde a cada una de las jurisdicciones” y añadió: “no obstante, al tomar conocimiento de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut o Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad requirió a las autoridades provinciales un informe sobre el estado de las actuaciones disciplinarias sustanciadas. También introdujimos el problema de la violencia institucional como tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior y ofrecimos acompañamiento y capacitación para las policías provinciales que así lo requieran. No sólo nos preocupa la violencia física que puedan llegar a cometer las Fuerzas de Seguridad, sino también aquellas formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas, como el racismo o la discriminación”.

Durante su alocución, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, subrayó: “Nosotros entendemos que esta problemática no tiene bandería política, es un problema de la democracia. El tema es que tenemos que ser muy claros en los mensajes que desde el Ejecutivo y desde las responsabilidades políticas se dan”. En esa línea, remarcó la necesidad de “tener un compromiso entre todes para generar políticas transversales que piensen en erradicar esta problemática”.

Además de los mencionados Penacca y Yasky, participaron de la reunión las y los diputados Sebastián Salvador, Gisela Marziotta, Federico Angelini, Leonardo Grosso, José Cano, Alejandro Cacace, Marcelo Koenig, Luis Petri, Ramiro Gutiérrez, Karina Banfi, Romina Del Plá, Waldo Wolff, Mara Brawer y Nicolás Del Caño, entre otros.

En el cierre, acompañada por el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, Sabina Frederic manifestó: “Nuestro compromiso contra la violencia institucional se ve reflejado en el pedido que hiciera a las autoridades de la Gendarmería Nacional para que se realice la investigación disciplinaria que no se había realizado en el 2017 respecto del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado. Esa era una deuda del Estado, no sólo con la sociedad argentina y con la familia, sino también con la propia fuerza, ya que se sabía que ese operativo se había desarrollado por afuera de todo protocolo”.