La Justicia falló este viernes a favor de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, en la acción de amparo que había presentado el ente fiscalizador por las subas de las prepagas en contexto de cartelización. Esta decisión obliga a las empresas a retrotraer los aumentos por encima de la inflación que dieron desde el 1º de diciembre de 2023 en adelante y devolver lo cobrado por fuera de los índices del IPC.

El fallo, que afecta a un universo de 23 empresas que representan al 95% de los usuarios de entidad de medicina prepaga, establece que:

• Quedan sin efecto los aumentos realizados por las empresas desde el 1º de diciembre de 2023 en adelante.
• Las empresas deben retrotraer los valores de cuota al 1º de diciembre de 2023 y actualizarlos según el índice de precios al consumidor publicado por INDEC.
• Se fija un plazo de cinco días para que las empresas presenten un plan donde expliciten cómo van a devolver lo cobrado de más a la gente.

Con el DNU 70/2023, el Gobierno Nacional desreguló el sistema de salud con el objetivo de que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas e impulsar la libre competencia entre los distintos actores.

Pese a esto, en los últimos meses muchas empresas del sector, aprovechándose de la situación privilegiada a la que accedieron por los subsidios que recibieron en los últimos años, quisieron compensar atrasos en los precios, producto de acuerdos que tenían con el gobierno anterior de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados.

Estas decisiones, consensuadas entre las principales empresas, atentaron contra millones de argentinos y volvieron a poner en jaque al propio sistema de salud del cual son parte.

El Ministerio de Salud y la Superintendencia trabajan día a día para reordenar el sistema de Salud, donde haya libre competencia entre las empresas y los beneficiarios puedan elegir en libertad.