La Operación Lava-Jato, surgida en 2014, vinculó a un operador cambiario ilegal del estado de Paraná con un lavadero de autos en Brasilia que realizaba un tipo de lavado a “chorro”. De ahí surgió el nombre de la mega-operación que encabezó el juzgado de Curitiba a cargo de Sérgio Moro y del Ministerio Público Federal con trece fiscales, entre los que trabajó Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Este funcionario estuvo de visita en Buenos Aires para exponer en el Segundo Congreso de Seguridad Jurídica y Democracia, promovido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Galvão de Carvalho se graduó en Derecho en 2001 en la Universidad Federal de Bahía. Se desempeñó como como defensor público hasta 2003, y entre ese año y el siguiente fue asesor legislativo de la Cámara de Diputados. En 2004 asumió el cargo de Fiscal General del Ministerio Público de la Federación. A los 38 años, y con una corta carrera judicial, formó parte de la investigación del caso de corrupción más grande de su país.

El trabajo de los trece fiscales en Curitiba significó el juzgamiento de alrededor de mil personas, 30 empresas y 60 cargos más sobre otros posibles imputados, además del recupero millonario de dinero. El caso impactó tanto en la ciudad del centro del estado de Paraná que ya se organizó un circuito turístico que tiene como figura al juez Moro.

-¿Cuáles son las claves para esclarecer un caso de corrupción?

-En Brasil, para que una investigación de corrupción sea eficaz, es necesario que se tengan herramientas para quebrar el pacto de silencio que hay entre los involucrados. La más eficaz es, sin dudas, las delaciones o colaboraciones premiadas. Por este motivo, es necesario darles algunos beneficios a quienes nos van a contar que pasó. Fue muy importante para que el caso se expanda como lo hizo, e involucrara a políticos en ejercicio y empresarios. También es necesario tener herramientas tecnológicas y la cooperación internacional para, por ejemplo, descubrir cuentas bancarias escondidas en paraísos fiscales.

-¿Qué garantías tiene el Poder Judicial brasileño para mantener su independencia al investigar al poder?

-Los jueces y los fiscales tienen su independencia, en un sistema diseñado en la Constitución de 1958. El Ejecutivo no puede darles órdenes a los jueces ni a los fiscales y eso es lo importante.

-¿Qué peso tienen los estados contables de empresas en las investigaciones?

-Hoy en día, las empresas que pagaban coimas millonarias tienen los balances aprobados por auditorías. Entonces, debemos investigarlos con otro tipo de sistema, como la evaluación de las transferencias bancarias o como empresas falsas o fantasmas que no tienen actividad.

-¿Vio algún tipo de movimiento interno del sector privado tras las condenas?

-Un buen legado de la operación Lava-Jato es que las empresas que no están involucradas y también las que hicieron acuerdos con la fiscalía implementaron mecanismos de integridad y compliance (NdelR: cumplimiento normativo).

-¿Recibieron presiones al investigar?

-Sí. Son presiones que no vienen por el lado de las amenazas telefónicas, sino declaraciones públicas o amenazas de reputación, para disminuir la credibilidad de las investigaciones. Se trata de deslegitimar las investigaciones del Poder Judicial brasileño.

-¿Hay riesgo en Brasil de que la política limite al Poder Judicial?

-Sí, ya tuvimos tentativas de leyes de amnistía o de criminalizar el accionar de los magistrados o fiscales. Y algunos proyectos que buscaban impedir las delaciones premiadas. La clase política se siente intimidada en mi país. Siempre tenemos que decirle a la población lo que ocurre, y creo que la población está en alerta. Por este motivo, todas las sentencias son públicas.

Por último, Galvão de Carvalho señaló que el recupero del dinero de las empresas se lleva a cabo por “acuerdos de cooperación” con las mismas compañías involucradas, y que se realizan a través de otro proceso en el fuero civil local. Y explicó que para avanzar en las investigaciones “es necesario intercambiar experiencias con otros países”.

El fiscal subrayó que “en Brasil, al igual que en toda América Latina, la corrupción es un problema que afecta a toda la población: afecta al sistema de salud, a la educación y a todo el desarrollo del país”.