El decreto 3222/21, mediante el cual se promueve el acceso al empleo tanto público como privado para las víctimas rescatadas del delito de trata de personas, se elaboró a pedido del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas.

Basado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y en el inciso d) del artículo 6 de la ley 26.364, el Intendente Municipal de la Ciudad de Formosa decretó la promoción de la inclusión laboral para las víctimas del delito de trata y explotación de personas tanto en el ámbito público como privado.

En el artículo 2 se establece un sistema de incentivos impositivos para las empresas públicas y privadas radicadas en la ciudad de Formosa que ocupen a personas que fueron víctimas del delito de trata. Las empresas que lo hagan tendrán un descuento del 30 % en las tasas únicas de servicios y contribución por servicios que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios (antes tasa de registro e inspección) durante el periodo de un año, prorrogable por seis meses más si las circunstancias lo ameritan.

En el artículo 3 se establece un cupo laboral en el ámbito municipal del 1% de los cargos disponibles para las personas que fueron rescatadas del delito de trata y explotación de personas.

En el artículo 4 se crea un sistema de becas de capacitación laboral, técnica y profesional orientado a los aspirantes a un empleo que fueron víctimas de trata y explotación que no reúnan las condiciones de idoneidad para los puestos requeridos a fin de que puedan estar en condiciones de insertarse laboralmente una vez capacitados.

En el artículo 5 se determina que la Dirección de Cuestiones de Géneros es la autoridad de aplicación y se establecen las funciones que tendrá a su cargo para garantizar los artículos precedentes. En el artículo 6 se establecen las características del registro único municipal de aspirantes a empleos para personas que hayan sido víctimas del delito de trata de personas a fin de garantizar el acceso a sus derechos. Por su parte, en el artículo 7 se disponen todos los medios y recursos necesarios para difundir los derechos y beneficios instituidos por el presente decreto a los fines de facilitar el acceso a los mismos por parte de personas que han sido víctimas de explotación.

Finalmente, en artículo 8 se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar las adecuaciones de las partidas presupuestarias a los fines de hacer efectivo el presente decreto.

Con esta resolución en la Ciudad de Formosa, ya son 9 los municipios que impulsan normas que garantizan el acceso al empleo para las víctimas de trata. En julio comenzó en San Miguel de Tucumán y luego fue replicado por los municipios de Rawson (Chubut), Virasoro, Santa Lucia y San Luis del Palmar (Corrientes), Machagai (Chaco) y Chilecito y el Departamento de Arauco (La Rioja). A ellos se suma la provincia de Catamarca que en setiembre pasado sanciona una ley propia.

Cabe recordar que el Comité Ejecutivo había firmado un convenio de cooperación con el Municipio de Formosa Capital meses atrás a instancias de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y que luego comenzó una capacitación a sus funcionarios. Hoy se dio un enorme paso adelante con esta norma en la que trabajaron asesores del intendente Jofré y la delegada del comité en la Provincia, Soledad Yorg.