Las recomendaciones internacionales, el intercambio de experiencias y la puesta en común de las políticas tomadas en materia Penal, implicaron un avance para Argentina en los últimos tres años a la hora de combatir las nuevas formas del crimen. La experiencia de la presidencia del país en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el diálogo fluido con organismos de diversos países fueron muy importantes en ese sentido.

Por eso, esta semana, y con la representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el país participó en el período 28 de las sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y la Justicia Penal, que se realizó en la ciudad de Viena, Austria.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Martín Casares, fue el encargado de presentar los avances en estas materias. Abordó, entre otros temas, el proyecto de reforma integral del Código Penal; la implementación del Código Procesal Penal Federal; la Ley de Víctimas y los desafíos que surgieron desde su sanción; y el proyecto que propone la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Casares explicó que “la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal es el órgano principal del sistema de las ONU para formular políticas y recomendaciones sobre cuestiones de la justicia penal, incluida la trata de seres humanos, los crímenes transnacionales y los aspectos de la prevención del terrorismo”.

“La Comisión, que es uno de los órganos que administra la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD, o UNODC, en inglés), supervisa el uso y la aplicación de las normas de las Naciones Unidas relativas a estas cuestiones y guía el desarrollo de políticas pública en materia de prevención del delito y justicia penal”, añadió el funcionario.

Colaboración entre Estados

El funcionario también precisó que, debido al éxito del programa Justicia 2020 –un foro de participación ciudadana y de creación de programas y proyectos en materia de servicio de Justicia-, se amplió la iniciativa, que ahora tiene como horizonte el año 2030. La elección de los años no es antojadiza: se pensaron para que trasciendan las gestiones que puedan sucederse en el Poder Ejecutivo, y que las políticas pensadas puedan aplicarse sin distinción política.

El jefe de Gabinete del Ministerio precisó, asimismo, que “la Comisión es un mecanismo esencial para el intercambio de experiencias y la colaboración entre Estados en materia de justicia criminal. Su mandato para mejorar y enriquecer las acciones llevadas a cabo para combatir el crimen organizado nacional y transnacional y optimizar la eficiencia de los sistemas de administración de la justicia criminal”.

“Como el principal órgano de administración de las Naciones Unidas en el marco de la prevención del delito y la justicia criminal, se trata de un foro donde los Estados Miembro negocian y acuerdan estándares y normas en la materia. También ofrece un foro para el intercambio de experiencias, desarrollar de estrategias nacionales e internacionales e identificar prioridades en la lucha contra la criminalidad”, cerró Casares.