El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación organizó dos jornadas de debate para la definición de políticas públicas para Justicia 2030, del Eje Justicia y Comunidad del Programa Justicia 2020. El encuentro comenzó ayer y concluye hoy en la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Bahía Blanca.

“En términos de políticas públicas, tratamos de realizar un abordaje integral de los problemas que afectan al sistema de justicia en general, que involucra a abogados y jueces, pero también a toda la comunidad y a la enseñanza del Derecho”, analizó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, durante la apertura del encuentro.

De la primera jornada participaron, además de Garavano, la directora nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), Silvia Iacopetti, la directora de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia, Sabrina Santopinto, y el director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Martin Böhmer.

También el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, Pamela Tolosa; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Salesiana, Luis Alberto Calderaro; autoridades académicas, miembros de la sociedad civil y del Poder Judicial.

Garavano remarcó que “en el eje de Justicia y Comunidad se presenta uno de los grandes desafíos, porque muchas veces la población ve lejana a la Justicia y a los conflictos que en ella se presentan, por eso es tan importante esta actividad”.
El ministro agregó que otro de los desafíos del Poder Judicial es que “la sociedad vuelva a confiar en la justicia”. “Esto se debe a factores como la lejanía de la justicia con la gente y la demora del sistema de justicia en resolver los conflictos, a raíz del uso todavía de procedimientos arcaicos y herramientas muy alejadas de lo que el ciudadano pretende”, explicó.

Por eso, para el ministro uno de los desafíos centrales de su gestión es propiciar que la comunidad y los operadores jurídicos se involucren más profundamente con las instituciones y su funcionamiento.

Aumentar la transparencia

Las mesas de debate de hoy fueron sobre temáticas como “Instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas”, “Enseñanza del Derecho y cambios en la práctica profesional” y “Rol de la Abogacía en la construcción de legitimidad. Ética profesional”.

“Normas entendibles e instituciones transparentes, que le hablen a la sociedad en lenguaje claro, son algunos de los objetivos que nos proponemos en el Eje Justicia y Comunidad para lograr una sociedad más justa, pacífica e inclusiva”, sostuvo Iacopetti durante su intervención.

En lo relativo a poner al alcance de la ciudadanía los contenidos de las iniciativas pública que se llevan adelante para alcanzar una justicia transparente, moderna y cercana, Santopinto afirmó que “fortalecer la cadena de comunicación entre los funcionarios judiciales y los medios es imprescindible para aumentar la transparencia, un paso fundamental para que crezca la credibilidad en la Justicia y para que llegue la información a los ciudadanos”.

Por su parte, Böhmer declaró que “la respuesta a la desconfianza en las instituciones de la Justicia es el aumento de su legitimidad. Los esfuerzos por lograr una mejor formación en destrezas y en ética profesional van en ese camino”.

Argentina justa, pacífica e inclusiva

La Agenda 2030 de la ONU consiste en un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que tiende a fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 169 metas.

La justicia cumple un papel central, en especial para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se propone “promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

El programa “Justicia 2030. Argentina justa, pacífica e inclusiva” aspira a ser una “hoja de ruta” en materia de políticas públicas para el sector justicia que permita alcanzar las metas del ODS 16, y lograr una Argentina justa y pacífica.

Las jornadas concluyen hoy miércoles. Las mesas de debate, con destacados especialistas, serán sobre los siguientes temas:

-“Gobernanza regulatoria”: con Hugo Acciarri, director del Programa de Derecho, Economía y Comportamiento de la UNS; Sebastián Linares y Elsa Estévez, profesores de la UNS e investigadores del CONICET; y Alberto Nanzer, asesor en la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa del Ministerio de Justicia de la Nación.

-“Lenguaje claro como política pública”: con Javier Herrera Bravo, subsecretario de Asuntos Legales de la Presidencia de la Nación; Elisa Quartucci, secretaria de Modernización de Bahía Blanca; Sabina Wirsky, integrante del gabinete de Modernización de Bahía Blanca; Nicolas Galvagni Pardo, subsecretario técnico de la Secretaria de Legal y Técnica bonaerense.

-“Mejora de la calidad regulatoria, gobierno abierto y Blockchain”: con Fernando Rocca, director general de Programas de Capacitación del Senado de la Nación; Jorge Horacio Nanclares, presidente de la Suprema Corte bonaerense; Silvia Bianco, consejera del Consejo de la Magistratura porteño; y Octavio Tesone, director de Comunicación de Proyectos de la Subsecretaría Legal y Técnica bonaerense.

-“Comunicación judicial y transparencia de la justicia”: Martin Ahumada, responsable del área de Comunicación del Poder Judicial de Mendoza; Leonardo Altamirano, Oficina de Prensa y Proyección Socio Institucional del Tribunal Superior de Córdoba; y Sabrina Santopinto, directora de Comunicación Audiovisual en Contenidos de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.

Rocca y Herrera Bravo, además, son el presidente y vice -respectivamente- de la Red de Lenguaje Claro de la Argentina.