“El 80 por ciento de los graduados de estos programas no vuelven al sistema como imputados”, señaló el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, al presentar el programa Justicia Terapéutica para el Tratamiento Integral de Infractores de la Ley Penal con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas. Si bien el nombre parece complejo, describe la función de esta iniciativa: brindar herramientas para insertarse laboral y educativamente a las personas que cometieron algún delito y tienen algún tipo de adicción a las drogas.

Experiencias similares ya funcionan de manera exitosa en 16 países de América Latina. En este caso, se adaptó y ajustó a la normativa penal y procesal argentina.
Este programa, que es impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, resulta del trabajo llevado a cabo con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa de la Nación. Y, además, corre con la ventaja de que no requiere la modificación de la normativa sobre el proceso penal para que pueda ser aplicado.

Esta iniciativa será aplicada, en primer lugar, por el Juzgado de Ejecución Penal 5, que se convertirá de esta forma en el primer Tribunal de Justicia Terapéutica (TJT) del país.

El Ministerio de Justicia coordinará la Comisión de Seguimiento del programa, hará el monitoreo de su desarrollo, capacitará a los agentes y difundirá los informes de avance.
Los Juzgados de Ejecución Penal son los que se encargan de monitorear el cumplimiento de la pena de las personas que fueron condenadas por algún delito, pero también de aquellas personas que accedieron a una probation, que implica la suspensión del juicio a prueba: quien cometió el delito puede no ser sometido a juicio si cumple una serie de condiciones establecidas por el magistrado, con acuerdo de la defensa y la fiscalía.

En este caso, los jueces de estos órganos judiciales le ofrecerán a quienes se encuentren en alguna de estas situaciones la opción de ingresar al programa. Si bien la propuesta busca reducir el consumo problemático y atacar el problema de las adicciones, también apuesta a una inserción en el plano educativo y laboral.

Para delitos que no son graves

“Lo que detectamos es que en algunos casos se va de la probation a una condena en suspenso y, después, a la cárcel. Y, también, hallamos una relación entre la comisión de delitos y el consumo problemático”, explicó Sol Purita, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación.

La herramienta apunta a casos por delitos que no son considerados graves y que, a raíz de la aplicación de la figura de la flagrancia -mediante la cual una persona que es atrapada cometiendo un delito es juzgada de forma más veloz-, se elevó el número de personas detenidas en las cárceles por períodos cortos de tiempo. Por eso esta alternativa también aparece para brindar una solución en este sentido.

“Lo que busca hacer el programa es articular una lógica interdisciplinaria, con la psicología o la psiquiatría, por ejemplo, y el resto de los actores del servicio de Justicia”, argumentó la coordinadora.

También busca ofrecer educación y trabajo a las personas que ingresen. La idea es generar herramientas para la inserción profesional que se ajusten a las necesidades de ese participante. Lo ideal es que cada uno pueda trabajar o llegar al lugar que más le interese según su orientación.