Se realizó la semana pasada en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Federal (AMFJN) la presentación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), ante jueces e integrantes del Poder Judicial. Durante la jornada, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación detallaron el diseño y funcionamiento del registro, los laboratorios forenses y las herramientas de investigación.

El subsecretario de Asuntos Registrales del ministerio, Martin Borrelli, fue el encargado de realizar la apertura. Destacó su satisfacción por “poder iniciar este diálogo” y subrayó que “este registro es un auxiliar de la Justicia”.

“Desde la letra misma de la ley y de su decreto reglamentario queda establecido ese carácter, por lo que es muy importante que lo conozcan todos los actores del sistema de Justicia. Es una ley que viene precedida de un consenso político muy importante y alentado por muchas organizaciones sociales. Lo que no se puede discutir es que este registro tiene que existir”, expresó Borrelli.

El juez de Ejecución Penal y director de la Escuela de Capacitación Judicial de la AMFJN, Marcelo Peluzzi, se mostró satisfecho de tener la posibilidad de “escuchar propuestas o inquietudes que tengamos sobre la norma”.

La Ley 26.879 fue sancionada en 2013 y creó el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. En 2017, el gobierno nacional dictó el decreto reglamentario 522, que creó también la Comisión Nacional de Huellas Genéticas que coordina, articula, brinda asesoramiento y seguimiento a la implementación y funcionamiento del registro.

Desde entonces, el ministerio se encuentra trabajando en todos los aspectos necesarios para que esta herramienta esté al alcance de los operadores del servicio de justicia. En este orden, Diego Carbone, director nacional de la subsecretaría de Asuntos Registrales, hizo referencia a la mesa de trabajo organizada por el secretario general de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, Juan Manuel Olima Espel, de la que participaron los fiscales Carlos Gamallo, Fernando Klappenbach, Guillermo Pérez de la Fuente, Nicolás Amelotti, Oscar Ciruzzi y Sandro Abraldes.

Con relación al RNDG, el funcionario detalló que “la ley presenta desafíos, son las complejidades vinculadas con la creación de un registro nacional en un país federal para delitos ordinarios”. Agregó que “hay un uso específico de datos genéticos, para un fin específico”. Y explicó que habrá dos registros: uno de ADN de personas condenadas, con sentencia firme, por delitos contra la integridad sexual; y uno de evidencias, cuya implementación se realizará pensando en la posibilidad de ampliación de los delitos que incluye.

Para finalizar, Carbone manifestó que la ley “plantea retos jurídicos”, puesto que “todos los perfiles requieren orden judicial para ser integrados”.

A mediados de agosto próximo el FBI visitará nuestro país. La agencia de inteligencia estadounidense instalará gratuitamente el software para poder realizar lo que se conoce como “coincidencia” de perfiles genéticos, esto es, el entrecruzamiento de perfiles genéticos.

El ADN no miente

Jorge Dotto, director del Registro Nacional de Datos Genéticos y médico genetista, realizó una exposición sobre genética forense y protocolos de obtención de perfiles, y explicó qué es una huella genética. Sostuvo que “el ADN no miente, pero tampoco culpa”, y explicó el valor de esta herramienta.

Además, dio cuenta del trabajo conjunto entre el Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de Reincidencia y el Servicio Penitenciario Federal para el funcionamiento del registro a su cargo.

Santiago Del Carril, director del Programa Nacional de Criminalística del ministerio, agregó que el trabajo conjunto también incluyó a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Ciencia y Tecnología. Este último aporta a la acreditación de los laboratorios.

Los datos marcan que el registro analizó 3741 casos de un universo de personas condenadas que ronda los 21.096. De ellas hay unas 2.255 personas en condiciones de tomarles muestras.

“Tenemos dos patas importantes: una, el registro de las personas condenadas por delitos sexuales; la otra, trabajar con los laboratorios forenses”, detalló Del Carril. Y recordó que en el país hay unos 37 laboratorios forenses, y que seis de ellos están convalidados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Después de las exposiciones, los jueces e integrantes del Poder Judicial presentes comenzaron un intercambio de ideas con los funcionarios para intentar dar cuenta de las dudas, las posibles soluciones, ajustar los mecanismos de coordinación con los juzgados y tribunales a fin de lograr mediante el trabajo conjunto, un registro de datos genéticos conforme lo establece la ley.