El lunes 31 de octubre la Oficina Anticorrupción (OA) expuso en el evento "Hacia una nueva ley de Integridad y Ética Pública". El debate tuvo como eje el proyecto de Ley presentado por la OA a la Presidencia de la Nación.

El proyecto surgió del análisis de la Ley 25.188 sancionada hace más de veinte años a través del cual se consideró necesario adaptar sus disposiciones a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado. Esta iniciativa prevé la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, que comprende el conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos, principios, normas y políticas en materia de integridad y ética del Sector Público Nacional, integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

La presentación del encuentro estuvo a cargo de Alejandra Bauer, de Poder Ciudadano quien dijo que “una política pública de integridad comprende mecanismos y acciones políticas orientados a prevenir, orientar y corregir eventualidades que pueda llevar a un hecho de corrupción”, en este sentido, el anteproyecto de la ley “es un avance significativo para desarrollar una política pública”. Bauer contó también que “las organizaciones de la sociedad civil realizamos aportes al proyecto de ley, por eso celebramos el mecanismo utilizado para su elaboración, y queremos echar luz sobre la importancia de que esto avance, y en caso de que suceda, es sólo el puntapié inicial del sistema de integridad pública que deseamos”.

En el inicio de las exposiciones, Marcelo Giullitti, de ACIJ expresó: “para que haya una democracia de calidad es necesario un sistema de integridad fuerte que prevenga los hechos de corrupción y que promueva el buen funcionamiento del Estado que pueda destinar los recursos al cumplimiento de los derechos”. Sobre el eje del debate dijo: “no solo estamos hablando de un proyecto de ética pública, sino también de la necesidad de un nuevo marco regulatorio. Tenemos un problema grave que es la ley del año 99, que tiene deficiencias en el medio, que en su momento fue un avance. Se queda corta con algunas regulaciones. Hay fenómenos que desarrollaron posteriormente que la ley no llega a responder”. Giullitti destacó la importancia de “delegar en alguno de los poderes la revisión de los otros poderes. Es parte del ejercicio cruzado del republicanismo, el control mutuo no es invasión sino es lo que tiene que suceder, la redención de cuentas horizontal”.

Por su parte, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción explicó que el anteproyecto presentado a Presidencia fue realizado mediante el proceso de elaboración participativa de normas, donde “hemos recibido una serie de aportes de organizaciones de la sociedad civil y empresarias, sindicatos, que aportaron mucho al proyecto de Ley”. Sobre la norma vigente, Villanueva contó que “partía en todo caso de una descripción y análisis sobre el fenómeno de la corrupción que no es el mismo que ocurre ahora. En aquel momento estaba limitada la interpretación exclusivamente al ámbito público, eran los y las funcionarias públicas el lugar donde se debía poner el foco para prevenir la corrupción. Un enfoque también centrado en lo punitivo, en cómo se castigaba. Fue quedando desactualizada (la ley) porque el fenómeno de la corrupción hoy, por lo que incorporaron mecanismos internacionales, se centran en un fenómeno multicausal, donde intervienen actores públicos y privados, vinculado a lo relacional, que cambia y además obedece a cuestiones culturales, económicas, ya no es lo mismo aquello que se enfocaba”.

En relación a la redacción final, el funcionario de la OA detalló: “la ley que proponemos, que en gran parte fue robustecida por aportes de la sociedad civil, tiene que ver con esta actualización de lo que entendemos por corrupción”. En este marco, contó que hay que “trabajar en un sistema porque ya no es una oficina pública que tiene la potestad de prevenir la corrupción, sino que es un sistema donde se articulan organismos públicos, donde haya un orden de la sociedad civil, y del sector privado como actor importante para prevenir la corrupción, donde cada plato puede circular entre sí y en conjunto”.
Durante su presentación, Luis Villanueva dijo que en el marco del proceso de elaboración “el proyecto cambió casi dos terceras partes dentro de la propuesta”. En base a esto, destacó alguno de los grandes acuerdos que se lograron. Uno tiene que ver con el rol de la Oficina, “coincidimos en que tiene que trabajar en la prevención, porque para sancionar e investigar hay otros poderes del Estado”. Otro punto que resaltó es “que es imposible que quede afuera de la regulación de la ley el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal ya que se encarga de controlar muchas de la cuestiones de la ética pública”. Y por último habló sobre el acuerdo respecto al “enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, cuidado del ambiente, como cuestiones que hacen a la integridad. Ya no podemos pensar en la integridad en el ejercicio de la función pública solamente como no realizar un hecho de corrupción, eso es una parte en todo caso”.

Más adelante, Dolores Martínez, diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), planteó que “hay deficiencias de la actual ley” y se enfocó en “la imposibilidad de la puesta en funcionamiento de la comisión nacional de ética pública” por lo cual en el marco del nuevo proyecto se debería “revisar cuáles son las tensiones políticas que se generan para que ese tipo de organismos puedan llegar a buen puerto”. La diputada destacó “el gran avance en cuanto al enfoque” y celebró “estar discutiendo esto porque el tema ha estado ausente”. “La madurez existe, estamos preparados en el Congreso de la Nación para dar esta discusión. El proceso electoral en el que estamos, es una buena oportunidad para hacerlo, para ver los compromisos políticos de quienes se presentan de cara a la sociedad”, dijo Martínez y cerró: “está en la agenda del gobierno nacional, es importante resaltarlo, tenemos la voluntad política de parte del Poder Ejecutivo. Van a existir tensiones, hay que ver el resto de los sectores, es necesario que estén sentados todos en la mesa”.

A su turno, Ignacio Joaquín Moro, titular de la Oficina de Integridad Pública de CABA, hizo hincapié en la “importancia de la ley 25.188 que en su momento fue un gran avance, que llevó un proceso largo hasta su sanción. Esta norma fue como el puntapié para generar muchas herramientas, junto al Código de Ética que empezaron a crear un sistema”.

El funcionario dijo que coincide “respecto al enfoque sobre la prevención de la integridad” y realizó un detalle de las cuestiones más destacadas que deberían actualizarse. Entre estos puntos, Moro habló sobre “la regulación de los conflictos de interés, hoy existen herramientas más modernas para regularlas, que la norma actual podría impulsar mayor relevancia normativa”.

El titular de la OA de CABA también expresó: “mi sensación por mi paso en la gestión, es que lo más importante para lograr el sistema no solamente lo encontramos en la normativa, sino que es la decisión política de las autoridades la que pueda generar este ambiente de integridad que no sólo se limita al marco normativo sino que tiene que ver la coordinación con todos los organismos, como la articulación de la OA con la SIGEN, con la Agencia de Acceso a la Información Pública, tanto en las auditorías como los resultados, es esencial esta vinculación para generar el ambiente de integridad”. Además, Joaquín Moro destacó que “la decisión política es clave, la necesidad de coordinar es fundamental. La gestión actual ha continuado con la Mesa de Integridad donde se vinculan los organismos y creo que también es un paso adelante el traspaso de la Oficina al ámbito de la presidencia”.

En el cierre de las exposiciones, Ana Gabriela Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, expresó: “ mientras se logra la discusión en el parlamento del proyecto de ley, desde el Poder Ejecutivo, Jefatura de Gabinete tiene que seguir trabajando para fortalecer el ambiente de integridad, el cual tiene que ser vector del funcionamiento en todas las etapas de la política pública, más allá de las conductas individuales de los actores”.

Sobre la coordinación con las distintas jurisdicciones, Castellani contó: “conformamos la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia institucionalizada, entre la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción, la Secretaría de Gestión y Empleo Público y la Agencia de Acceso a la Información pública. Ese organismo está funcionando con reuniones bimestrales, ha trabajo en tres líneas directrices, que confluyeron en la Estrategia Nacional de Integridad (ENI) que signa todas las acciones estatales de coordinación en materia de integridad y transparencia yendo a esa construcción de un ambiente e integridad”. Una de las líneas directrices de la Mesa que planteó la funcionaria es “armar todos los temas de integridad y transparencia desde el proceso del ciclo de la política pública, con indicadores de cada etapa de cada política pública de cualquiera de los ministerios, donde incluimos a algunos de los descentralizados como ANSES, AFIP, tienen incluida una serie de indicadores vinculados a la ENI. Se introduce esa noción transversal de integridad y transparencia en el ciclo de la política pública”.

Luego de las exposiciones, Edgardo Litvinof, miembro de la Red RUIDO moderó el espacio de preguntas y consultas de parte de quienes asistieron de manera virtual a la charla.