Este 27 de septiembre, se realizó la "Jornada de articulación territorial y lanzamiento de la convocatoria 2022 del Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las competencias laborales para las personas afectadas por el delito de Trata de Personas", un encuentro de articulación para una de las políticas públicas más cruciales vinculadas al acceso al trabajo digno para las víctimas de trata.

La actividad estuvo presidida por Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión laboral, y Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo para La Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Participaron, además: Juan Conte, director Nacional de Fiscalizaciones; Silvia Kutscher, directora de Inspecciones de Trabajo Infantil, Adolescente e Indicios de Explotación Laboral; y María Laura Ferrante, coordinadora para la Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las Víctimas (COOTRAVIC), por el Ministerio de Trabajo. En tanto, por la dirección operativa del Comité contra la Trata, estuvieron presentes Tamara Rosenberg y Facundo Lugo, y de manera virtual participaron representantes de agencias territoriales del Ministerio de Trabajo y delegados/as del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata.

En la jornada, se realizó un balance de la implementación piloto del Programa Nacional y de las acciones llevadas a cabo para fortalecer o adquirir competencias laborales a través de vincular a los/as destinatarios/as a programas de capacitación e inserción laboral que brinda la cartera laboral, y de la asignación dineraria básica no remunerativa.

Durante la reunión, se analizaron la necesidad de profundizar la participación articulada de los organismos nacionales, provinciales y municipales, así como el trabajo mancomunado entre los delegados territoriales del Comité contra la Trata y las Agencias Territoriales del Ministerio de trabajo para generar las condiciones de inserción laboral de las personas beneficiarias. También se destacó la importancia de la participación del sector empresario, como un actor clave dentro de este proceso.

Vera expresó: “Esta es una reunión de trabajo muy importante. Vamos a tener que tener un trabajo muy estrecho entre las agencias territoriales y los delegados del Comité. Ahora viene la fase más compleja del programa: tratar de universalizarlo. Primero está la etapa piloto de ensayo y error, donde se corrigen las prácticas, y luego la segunda y más difícil, de universalización de estas políticas. Vamos a bregar para que la inserción sea prioritariamente en el ámbito privado, con las iniciativas de cámaras de comercio, industrias, bolsas de trabajo, algo que va a requerir mucho contacto interpersonal, para que cada una de las personas que fueron víctimas del delito de trata, alcancen la etapa final de inserción en el mundo laboral”.

Asimismo, el director del Comité agregó: “Estamos trabajando también marcos normativos para que esto sea más fácil, como el que ya existe en provincias como Catamarca y Chaco con leyes que incentivan en el ámbito privado, subsidiando las cargas sociales de las empresas que contraten a personas que fueron víctimas de trata; y hay proyectos de ley que tienen estado parlamentario, como en Salta, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Entre Ríos, Tucumán y Misiones. Trataremos de que en lo que resta de 2022 y 2023, por lo menos, tengamos la mitad del territorio nacional con normativas que faciliten la digna inserción laboral de las víctimas, ya capacitadas por este programa, hasta que esto se convierta en una sana costumbre, y parte de la responsabilidad social empresaria. La única manera de evitar que las víctimas sean revictimizadas, tiene que ver con tres pilares: el acceso al trabajo digno, el acceso a la vivienda, y el acceso al acompañamiento terapéutico”.

Por su parte, Cross expreso que "la reparación es antes que nada respeto a la dignidad de cada víctima, es mejorar las condiciones de vida y la posibilidad de elección. Este programa en concreto busca que cada persona que fue víctima del delito de trata pueda elegir la vida que quiere porque cada persona cuenta, cada historia cuenta".

El programa contará con dos convocatorias anuales, tanto para víctimas de explotación laboral como sexual que se encuentren en el último tramo de la asistencia que debe brindar el Estado.