El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su apoyo y acompañamiento al proyecto de ley que tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto, presentado junto al “Plan 1.000 Días” para el debate parlamentario.

El organismo, que se rige por el principio de valorización de la diversidad y la igualdad de oportunidades para garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, propone la comprensión de cinco aspectos fundamentales a tener en cuenta:

• La legalización del derecho al aborto implica el acceso equitativo al sistema de salud en todas las instancias.

• La elección de continuar o no un embarazo se trata de un ejercicio de libertad, reconociendo y respetando el sentido que le otorga la persona que toma la decisión.

• La legalización de la IVE forma parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y es un derecho de autonomía de las mujeres/ personas gestantes para decidir sobre su propio cuerpo.

• Las restricciones fundamentadas en criterios morales y religiosos, invisibilizan y niegan la diversidad religiosa, cultural, de cosmovisiones y de creencias que existen en nuestro país que este proyecto reconoce y fortalece.

• El derecho de las mujeres, lesbianas, masculinidades trans, no binaries e intersex con capacidad de gestar al acceso a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, está arraigado en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan el derecho a la vida, la salud y la intimidad.

De acuerdo a los datos, estadísticas e investigaciones que respaldan la presentación del proyecto, sabemos que quienes mayormente se ven empujadxs a la clandestinidad son quienes no tienen posibilidades económicas de acceder a un lugar apto, seguro, con profesionales que procedan de acuerdo a su decisión. Las restricciones para abortar dificultan y en una gran cantidad de veces impiden el acceso al sistema de salud y, de ese modo, promueven su práctica en clandestinidad. Por eso hablamos de discriminación en cuanto a la accesibilidad al sistema sanitario por pobreza.

A su vez, no debemos obviar las diferencias por condiciones geográficas: los índices más altos de mortalidad de mujeres causada por abortos se registran en las regiones del Noreste y el Noroeste de nuestro país, que cuentan justamente con elevados porcentajes de pobreza.

Negar tratamientos de salud que únicamente las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva pueden necesitar, y que de ninguna manera experimentan los varones, constituye también discriminación basada en el pretexto de género.

A la discriminación por prejuicio de género y a la discriminación por condición socio-económica se suma la discriminación etaria, ya que la falta de acceso a la IVE es una problemática que afecta, en particular, a les adolescentes y mujeres jóvenes: se estima que del universo de abortos realizados en hospitales públicos, alrededor del 15%, corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y un 50% a mujeres de entre 20 y 29 años.

Por estas razones afirmamos que el aborto clandestino es un acto de discriminación.

Sólo reconociendo esta realidad ineludible, proponemos pensar la legalización como la única forma de garantizar el pleno acceso y goce de los derechos más básicos en condiciones de igualdad y sin discriminación.

Para que el Estado argentino siga desarrollando políticas y acciones en favor del reconocimiento de derechos, para que nuestro país avance en un modelo de sociedad más justa, más libre, más solidaria y equitativa… la IVE no puede esperar más.