La delegación Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresa su preocupación por el juicio oral y público que se está llevando a cabo contra la dirigente campesina Lucía Ruiz, por entender que se trata de un grave antecedente de persecución, judicialización y criminalización de la lucha por los derechos humanos, ambientales y del acceso a la tierra.

Desde el año 2010 Lucía Ruiz, junto a trabajadores campesinos que defienden la tierra, vienen advirtiendo que un grupo empresarial realiza desmontes ilegales en territorios sobre los cuales no tiene posesión, conocidos como Lote Colonia La Juanita y La Santafesina, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta.

Una acción de amparo reconoció a los campesinos sus derechos sobre la tierra, prohibiendo al empresario Javier Vidizzoni ejecutar cualquier acción en la zona. En 2015 Lucía Ruiz, junto a otros campesinos, solicitaron que se detuvieran los desmontes realizados por el empresario en la zona, motivo por el cual se desencadenó una serie de acciones judiciales contra ella y las familias campesinas que residen allí desde hace más de 100 años.

Cabe destacar que tanto Lucía Ruiz, como su compañera María Tolaba, fueron distinguidas en el año 2019 por el Senado de la Nación con el premio “Berta Cáceres”, por su labor en la defensa de los derechos humanos, ambientales y de acceso a la tierra.

Desde INADI Salta expresamos también nuestro repudio por el impedimento de presentarse en el juicio como Amigos del Tribunal al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, a la presidenta de la Asociación de DD.HH. Liberpueblo y al apoderado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, entre muchos otros, teniendo en cuenta que se trata de opiniones no vinculantes y de gran importancia en la causa.

El INADI considera que los derechos humanos constituyen la matriz conceptual y política del Estado democrático, con fundamento en la igualdad y en políticas de redistribución e inclusión. Por ello, el derecho a la tierra debe considerarse como un derecho humano inalienable.