Promovidas por el Comité de Lucha contra la Trata, a través de sus delegados, los concejos deliberantes de una docena de localidades argentinas, aprobaron disposiciones para la prevención y el combate al delito de trata y explotación de personas, así como para garantizar la reinserción laboral de las víctimas rescatadas.

De esta forma, el municipio de Pérez, provincia de Santa Fe, ya dispone de ordenanzas de cupo laboral y difusión de la línea 145. La localidad de Villa Castelli, departamento de General Lamadrid, provincia de La Rioja, aprobó una normativa para la difusión de la línea 145.

En tanto, en la provincia del Chaco, la capital, Resistencia, aprobó la ordenanza 13834, que establece la obligatoriedad de capacitación en trata a trabajadores de hoteles, albergues, moteles, bares, restaurantes, boliches, y agencias de turismo.

Por su parte, en la provincia de Corrientes, se logró en Ituzaingó la aprobación del proyecto de resolución para la aplicación de las ordenanzas del año 2013 y 2015 sobre trata de personas, con el objetivo de formalizar y regular acciones que garanticen esta lucha y la divulgación de la línea 145.

En igual sentido, la capital de la provincia de Chubut, Rawson, aprobó la ordenanza de obligatoriedad de la difusión de la línea 145.

En la provincia de Salta, las localidades de Salvador Mazza y San Ramón de la Nueva Orán, aprobaron el cupo laboral para víctimas rescatadas de redes de trata.

En la provincia de Formosa, el Concejo Deliberante de la localidad de Las Lomitas, aprobó la obligatoriedad de la difusión de la línea 145.

En la provincia de Catamarca, la localidad de Los Altos, departamento de Santa Rosa, también dispuso en su jurisdicción el cupo laboral.

En la Sexta Sección de la provincia de Buenos Aires, el departamento de Coronel Rosales y las localidades de Puán y Villarino, dispusieron en sus jurisdicciones la obligatoriedad de la difusión de la línea 145.

De esta forma, ya son al menos 48 localidades, a lo largo y ancho de la Argentina, que disponen de normativas para la difundir la línea telefónica de denuncias, y 33 localidades en 9 provincias, las que ya tienen aprobado un cupo laboral para las víctimas. Cabe recordar que se tramitan con estado parlamentario proyectos similares en las legislaturas provinciales de Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Jujuy.