La jornada, organizada por la UIF ARGENTINA y GLOBAL FACILITY UNION EUROPEA, se llevó a cabo durante los días 20 y 21 de agosto en CABA y 23 de agosto en Posadas, Misiones.

La actividad se realizó con el objetivo de diseñar medidas orientadas a resguardar a las asociaciones civiles y fundaciones del uso indebido para el financiamiento del terrorismo.

En este marco, el jefe del Departamento de Procesos, Planificación y Prevención del Lavado de Activos de la Inspección General de Justicia, Gerardo Ganly, expuso sobre la importancia del rol de IGJ en materia de las OSFL (Asociaciones Civiles y Fundaciones), haciendo hincapié en la relevancia de que la normativa no debe obstruir la constitución de las mismas ni dificultar el desarrollo de sus objetivos sociales pero siempre prestando atención a la Recomendación 8 del GAFI, en el sentido de velar para que no se produzca un abuso de estas figuras para el favorecimiento del financiamiento del terrorismo.

En esta ocasión, Ganly fue el encargado de coordinar y moderar el Panel “Retos y oportunidades para la implementación coordinada de la Recomendación 8 en la Triple Frontera”. Allí se expuso sobre los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de cada país en la frontera geográfica y las posibles medidas para conculcar riesgos PLA/FT.

En las distintas mesas de trabajo se abordaron las experiencias y las dificultades que atraviesan las OSFL en cuanto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Más allá de que, a partir de la sanción de la Ley 27739, dejaron de ser sujetos obligados ante la UIF, subsiste para los organismos de control un deber de debida diligencia respecto de las entidades que tengan por finalidad principal la recaudación de fondos.