La iniciativa será sometida a una consulta pública durante 15 días y está destinada especialmente para impulsar el financiamiento de actores de la economía socioproductiva.
“El régimen surge del análisis de casos concretos que fueron analizados en el laboratorio CNV-PNUD y que permitió identificar las necesidades de financiamiento que presentan instituciones dedicadas a generar actividades con impacto social en poblaciones vulnerables, y las trabas que impedían sus posibles emisiones en el mercado de capitales”, explicó la directora Mónica Erpen.
Este instrumento posibilitará que potenciales emisores puedan acceder a un régimen informativo igual de simple que el vigente para las Pymes, aunque no lo sean y siempre que la emisión cumpla con dos condiciones: generar impacto social (según una calificadora de riesgo registrada ante CNV) y tener el aval de una entidad de garantía (SGR, bancos o Fondos de garantía registrados ante CNV).
La nueva normativa permitirá que entidades intermedias, como por ejemplo las dedicadas a las microfinanzas, accedan a la posibilidad de ingresar a la oferta pública y obtener recursos del mercado de capitales que tengan como destino final el financiamiento de pequeños emprendimientos con impacto social.
“Las ON de Techo y Sumatoria fueron emisiones exitosas bajo el régimen simplificado para Pymes. Pero existen otros casos que, al no ser Pymes, no podían realizar sus emisiones de manera fácil y accesible. Este régimen está pensado para que se abra esa posibilidad”, precisó Erpen.
El caso testigo que se analizó es el de Pro Mujer, una entidad de microcréditos dedicada especialmente a mujeres, que además provee servicios de salud, y capacitación para la inclusión financiera. “Con esta norma esperamos que Pro Mujer pueda avanzar en la emisión que viene preparando desde hace varios meses, que sea un caso que sirva para que el mercado de bonos sociales vaya ganando escala y sea un modelo para otros participantes similares”, añadió.

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