El procedimiento incluyó cuatro allanamientos simultáneos. El más importante fue en una quinta ubicada en el Parque Industrial Pilar, a la altura del kilómetro 61 de la Ruta Nacional N° 8. Allí se detectaron las áreas destinadas a las precarias viviendas de las víctimas. Los otros tres operativos tuvieron lugar en domicilios de los propietarios de la granja, que fueron detenidos. Se trata de tres hombres de nacionalidad boliviana. 

Los funcionarios detectaron que 120 ciudadanos bolivianos eran obligados a trabajar de forma compulsiva. Lo hacían en pésimas condiciones, a veces más de 14 horas diarias en el cultivo de verduras y frutos rojos. Además vivían hacinados, sin los servicios esenciales y con una paga escasa que les permitía alimentarse con lo mínimo e indispensable.

Los allanamientos fueron realizados por efectivos del Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA, con la colaboración de personal de la Policía de Buenos Aires. Pero dada la complejidad del procedimiento, también participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Dirección Provincial contra la Trata de Personas y del Ministerio de Trabajo bonaerense.