Luego de los procedimientos efectuados por el Poder Judicial y las Fuerzas Federales de Seguridad, en donde se realizaron diversos operativos con allanamientos en distintos bunkers, corroborando la existencia de una organización criminal que se dedicaba al almacenamiento y venta de drogas; la Justicia falló ante el requerimiento del fiscal federal Jorge Di Lello y dispuso que las tres “casillas” sean entregadas al Estado.
 
Por tal motivo y como deja expresado el escrito ante el pedido de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, a cargo de la Dra. Elizabeth Caamaño, las viviendas en cuestión serán atribuidas a organismos tales como la Subsecretaría de Integración Social y Urbana del gobierno local y al el Programa ATAJO del Ministerio Público Fiscal, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quienes deberán conservar y custodiar dichos sitios.
 
Los inmuebles tendrán un fin social y se llevarán a cabo un “Centro Educativo para Adultos”, un “Centro de Desarrollo Empresarial y Laboral”, y una “Biblioteca popular de Derecho”.
 
Asimismo, vale destacar que el Barrio 31 es el primer lugar elegido para la puesta en marcha del “Programa Barrios Seguros” que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante la Secretaría de Seguridad y tiene como principal objetivo, un plan de abordaje territorial para luchar contra las organizaciones criminales e integrar a las Fuerzas Federales.