El objetivo de esta actividad fue difundir y concientizar sobre la Convención y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como también sobre aspectos relacionados a la evaluación que atraviesa nuestro país respecto de la implementación de esta Convención. A través de esta Jornada, se introdujo a los asistentes en el proceso de evaluación y de las recomendaciones realizadas a la Argentina, de manera tal de avanzar en este proceso y fomentar la coordinación interinstitucional de agencias estatales.

La apertura estuvo a cargo de Mariana Currais, directora de Coordinación Internacional y Nicolás Rantica, consejero de la Embajada y Cónsul General de Cancillería.

Por parte de UIF expusieron representantes de la Dirección de Litigios Penales, quienes, junto a representantes de PROCELAC y Cancillería, se refirieron al delito de lavado de activos en la Convención y al delito de soborno de funcionario público extranjero como delito precedente.

En representación de Cancillería, Nicolás Rantica y Ricardo Morelli Rubio, de la Dirección de Consejería Legal y de la Oficina Anticorrupción, Deborah Lucía Hafford, directora de Relaciones Institucionales, María Fernanda Terán, de la Dirección de Relaciones Internacionales y Natalia Pereyra, abordaron, entre otros temas, una introducción a la Convención sobre el Combate al Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y la Recomendación del Consejo para seguir combatiendo “El soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales” (Recomendación 2021), así como la participación de esos organismos en el proceso de implementación.

A cargo de Diego Velasco, Titular de la PROCELAC, y de Ileana Schygiel, coordinadora del Área de delitos contra la Administración Pública de la PROCELAC, estuvo la descripción de los estándares derivados de la Convención, la tipificación del delito y la responsabilidad de las personas involucradas en dichos delitos.

De la actividad participaron, de manera presencial, unos 50 agentes de la Dirección de Litigios Penales, Dirección de Coordinación Internacional y Dirección de Análisis (sede nacional) y de las Agencias Regional Norte, Litoral y Central, en modalidad virtual.