En ocasiones, algunos femicidios son caratulados como muertes violentas; en otras, la tipificación cambia cuando se dicta la sentencia; y en algunos casos, se da este tipo penal pero los magistrados consideran que es un homicidio agravado. Estos son sólo algunos de los problemas que surgen a la hora de cuantificar esta problemática en Argentina, y estas dificultades fueron puestas de manifiesto en el taller dictado al respecto para miembros ministerios públicos fiscales y poderes judiciales de todo el país la semana pasada, en la provincia de Mendoza.

Este taller, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, junto a la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA), tiene como objetivo empezar a trazar criterios entre los operadores del servicio de Justicia de todo el país para establecer estadísticas confiables con respecto al tema.

Sandra Elena, coordinadora del programa Justicia Abierta, dependiente del Ministerio que conduce Germán Garavano, participó de la iniciativa y puso de relieve algunos de los problemas que surgieron en este sentido, como los cambios en las carátulas o en las sentencias de los jueces.

“En algunas ocasiones, cuando analizamos un caso, nos damos cuenta que se trata de un femicidio y, sin embargo, no fue juzgado como tal”, explicó Elena.

La funcionaria, después del análisis de la información que llevó a cabo junto con su equipo, remarcó que el problema de nuestro país se inscribe en una situación regional: “Lo que surgió de este taller es que la Justicia, en distintos lugares, no tiene incorporado el uso de esta figura, y acusa otro tipo de delitos que son más fáciles de probar, más usuales”.

Una metodología común

Buena parte de la información que recolecta el Ministerio de Justicia de la Nación viene de los ministerios públicos y, en este sentido, los integrantes de estos órganos pusieron de manifiesto que el cambio de carátula a lo largo del proceso puede derivar en que el caso no sea considerado un femicidio. De este modo, algunas situaciones quedan por fuera de la estadística.

“Una de las conclusiones que sacamos del taller fue que deberíamos tomar una definición amplia de femicidio y no incluir solamente a los que ingresan bajo esa carátula. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires desarrolló un procedimiento en el que si, por ejemplo, ingresa una muerte violenta de mujer, con un test de cuatro pasos se verifica si se trata de un femicidio o no”.

Y precisó: “Estamos trabajando para ver si podemos adoptar una metodología común con la base de la Justicia bonaerense”.

La titular del programa Justicia abierta precisó que “entendemos que con el tiempo, si tenemos estos estándares más rigurosos, vamos a poder tener más claridad acerca de la cantidad de femicidios que hay, y mejorar la capacidad de todas estas instituciones para medirlos”.