Gabriel tiene 30 años, vive en San Martín de los Andes y se considera un activista por los derechos de las personas con VIH. Acudió al INADI cuando fue discriminado por una empresa de transporte, porque entendió que la solución a su reclamo no iba a venir por el lado de la empresa: “Esperé una respuesta durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que era yo quien debía acudir al Estado para que interviniera en mi caso”, relata.

El hecho se produjo un mediodía, cuando Gabriel tomó un colectivo para dirigirse a la ciudad de Mendoza. Fue entonces cuando el chofer de la empresa le exigió revelar su estado de salud por no creer en la veracidad de su pase libre.

“Resulta evidente que efectivamente la conducta resultó discriminatoria para con el denunciante, quien se vio interpelado y tratado de un modo diferente por el mero hecho de vivir con VIH al exigírsele revelar su situación de salud”, expresó el organismo en su dictamen.

Tras conocerse el caso, Verónica Romero, trabajadora de Nueva Generación, manifestó su “solidaridad” con el joven y aseguró que “se trabaja intensamente para ser una sociedad mejor“.

“El INADI cumple un rol muy importante, porque con su aporte ayudan a las personas a conocer y hacer valer sus derechos”, sostiene Gabriel.

La legislación mendocina dispone que para la entrega del Pase Libre de Transporte es necesario obtener un certificado por escrito del personal médico donde fuera tratada/o la/el paciente en el que se hace constar, teniendo en cuenta la situación socio económica y el situación de salud, que es beneficiaria/o del mismo. “En ninguna parte de la mentada ley se otorga a las empresas de transporte y su personal competencia para revisar o cuestionar el motivo por el que el mismo fuera emitido por lo que no habría lugar para que esta práctica se lleve adelante al iniciar un viaje“, enfatizó el INADI.

Desde el organismo celebramos el pedido de disculpas ofrecido por la parte denunciada, así como la voluntad de llevar adelante capacitaciones que permitan formar al personal y que garanticen un trato no discriminatorio a las/los usuarias/os del servicio.

“Yo siento que mi caso marca un precedente, porque tras haber tenido que exponer mi situación de salud, hubo un organismo presente que dictaminó que eso está mal, que es discriminación”, concluye Gabriel.