El anteproyecto de Ley de Insolvencia Transfronteriza se presentó en el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos de la Nación. La normativa, enmarcada en la Reforma de la Ley Concursal, establece un régimen legal moderno para lidiar con los principales desafíos que plantea esta modalidad: cuando personas o empresas adquieren bienes en más de un país, asumen deudas y se ven imposibilitados de cancelarlas.

El ministro Germán Garavano consideró que “ante una situación de insolvencia, cuando el deudor está imposibilitado de hacer frente a las obligaciones de pago, serán los intereses de varios países los que se vean afectados”. “Esperamos que el Congreso apruebe esta ley”, remarcó.

¿Qué propone la iniciativa? Alentar la cooperación internacional en esta materia, realzar la seguridad jurídica, proteger los bienes del deudor para procurar la optimización de su valor y facilitar la reorganización de empresas en dificultades financieras, para proteger el capital invertido y preservar el empleo.

El anteproyecto adapta a las necesidades locales y a las particularidades del derecho argentino el texto de la Ley Modelo de Insolvencia Transfronteriza, elaborado por la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional, que alienta y hace posible la cooperación internacional entre los países que adoptan este régimen. Unos 45 países ya aprobaron legislaciones basadas en ese modelo.

La reunión estuvo organizada por el Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado, de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal. Javier Wajntraub, director de Modernización Judicial, explicó los detalles del anteproyecto: “Tendrá un impacto concreto, un país integrado al mundo”, remarcó. Wajntraub recordó que “la experiencia ciudadana se relaciona con el Derecho Privado” y por ello se trabaja “para un mejor nivel de vida de la gente”.

“Llena un hueco que nuestra legislación tiene en esta materia”, explicó por su parte Gabriel Vázquez, del equipo de Derecho Privado del Ministerio de Justicia. Y sostuvo que “se trata de una norma de cooperación internacional que está articulada con nuestras legislaciones y jurisdicciones concursales”.

Cambio de concepto

Al día de hoy, la Ley de Concursos se ocupaba de resolver estas cuestiones. Pero se trata de una norma que quedó desactualizada.

Participaron de la reunión los miembros de la Comisión de Reforma de la Ley Concursal, jueces y abogados especialistas en la materia.

La jueza María Elsa Uzal, una de las integrantes, explicó que la propuesta “implica un cambio de concepto sobre todos aquellos institutos que sirven para enfrentar insolvencia patrimonial”. Y recordó que el anteproyecto “no se aplica a procesos de reorganización o liquidación”.

La jueza comercial María Cristina O’Reilly agradeció por su parte al ministro Garavano: “Por darnos el espacio para opinar y participar, porque leyes como esta pueden hacer que vayamos a un mundo más moderno”, argumentó.