Al igual que el año pasado, donde convalidó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos públicos de la provincia de Buenos Aires la obligación de informar a la UIF las operaciones sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo, este año el Máximo Tribunal falló en igual sentido en el marco de dos causas, iniciadas por los Colegios de Escribanos de la Provincia del Neuquén y de la Provincia de Mendoza.

De esta manera, ya son tres los pronunciamientos donde la Corte Suprema declaró la validez de la regulación anti lavado y contra la financiación del terrorismo, contribuyendo a fortalecer el marco normativo de prevención en materia de LA/FT.