Presidencia de la Nación

“Es necesaria la autonomía del derecho procesal de familia”

Lo dijo la titular del Programa Nacional de Coordinación de Derecho Privado, Agustina Díaz Cordero. Esta semana se realizó el primer foro de debate sobre el anteproyecto de Ley Procesal de Familia.

En el marco de Programa Justicia 2020, se busca elaborar una norma que regule el marco legal de los procesos de familia, para diferenciarlos de las causas civiles y comerciales tradicionales. Se pretende así modificar la estructura y función de los juzgados de familia en todo el país. Para ello, se definieron una serie de etapas o actividades que incluyen: reuniones con académicos y magistrados, generación de material de base para la discusión, organización de grupos de redacción y generación de borradores, recepción de comentarios y propuestas de la población, a través de la web de Justicia 2020.

Como parte de ese cronograma, esta semana se realizó en la Universidad Católica Argentina el primer foro de debate sobre el anteproyecto de la Ley Procesal de Familia, organizado por el Programa Nacional de Coordinación General de Derecho Privado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participaron la coordinadora de esa área, Agustina Díaz Cordero; Lucas Aón, juez de Primera Instancia en lo Civil; Patricia Bermejo, jueza de Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata; y Lucila Córdoba, secretaria del Juzgado de Familia de San Isidro. Luego de exponer sobre el tema, se abrió la discusión al público presente: abogados, agrupaciones, estudiantes y personas interesadas en el tema.

¿Por qué la importancia de contar con un fuero especializado en familia? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la Justicia Nacional en lo Civil cuenta con 110 juzgados: 24 de ellos tienen competencia en temas de familia. Esos tribunales comparten la misma Cámara con el resto de los 86 juzgados que deciden sobre procesos patrimoniales. No hay un tribunal de alzada que atienda exclusivamente en materia de familia y capacidad de las personas. Ni tampoco una superintendencia especializada: es la misma para todos los tribunales.

“Hasta las relaciones de consumo tienen un fuero especializado, pero hasta la fecha no existe un fuero de familia, sólo un desmembramiento de los juzgados civiles. Es una deuda que tenemos, porque es muy necesaria la autonomía del derecho procesal de familia”, empezó Díaz Codero. “Vamos a trabajar fuertemente en modernizar la justicia en todo el país”, remarcó.

Díaz Cordero explicitó cuáles son los puntos de partida para crear un fuero de familia: en primer lugar, adecuar la legislación procesal al Código Civil y Comercial. También lograr una ley procesal ágil, moderna, eficiente y dinámica que resguarde la tutela judicial efectiva de los derechos, el interés superior del niño y la protección de las personas más vulnerables. Por último, que responda al reclamo de la sociedad y que garantice la inmediatez y, por ende, la oralidad.

La funcionaria aclaró que hay dos temáticas que están excluidas del anteproyecto: la restitución internacional de menores, porque está trabajando Cancillería en el tema; y la referida a los juzgados de violencia familiar, porque ya está elaborando un proyecto específico la subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Una vieja demanda

“La Argentina tiene la virtud de ir adelante en muchas legislaciones modernas, especialmente en materia de familia. Por ejemplo, con las leyes contra la violencia de género. Lamentablemente, en muchos casos no acompañó esas legislaciones con los recursos necesarios para llevarlas a la práctica”, afirmó a su turno Aón, un juez civil con treinta años de carrera. “Eso me llevó a aceptar formar parte de este grupo de expertos”, aclaró.

Aón señaló que un código procesal de familia es una demanda de larga data. “Ha habido infinidad de proyectos que nunca se hicieron. Hoy sí creo que estamos a punto de concretarlo”, explicó.

Luego, el juez dio una magistral observación sobre el rol del juez de familia: “La familia es un ente que genera su propio código de convivencia; ninguna está organizada de la misma manera. Los jueces debemos respetar eso: que se cumplan las leyes que esa familia se ha impuesto. Para esto es necesaria una lectura interdisciplinaria: cómo se maneja una familia, qué crisis las afectaron y cuáles son las respuestas que les podemos dar para ayudarlos. Para que ellos hallen una solución. Nosotros, los jueces, muy pocas veces le podemos dar una solución. Sí podemos mostrarles el camino para que ellos la encuentren”.

Puntos para un fuero ideal

Aón señaló que habrá que generar los recursos para que, una vez creado el código procesal de familia, poder llevarlo a la práctica y dar una respuesta rápida y adecuada a las familias. Y mencionó diez puntos que, a su criterio, debería cumplir la nueva norma para que funcione. Los más importantes: creación inmediata del fuero de familia, y que cuente con una cámara de apelaciones especializada y con una secretaría de ejecución que siga y controle el cumplimento de las órdenes impartidas por el tribunal.

También sugirió dotar a los juzgados de familia de: policía judicial especializada, equipos interdisciplinarios, mayor cantidad de empleados, edificios funcionales y cursos de especialización anuales para todo el personal de los tribunales, incluidos los magistrados.

La jueza Bermejo dijo que se estaba en un momento de cambios, generados a partir de la implementación, en 2015, del nuevo Código Civil y Comercial. “Tenemos que ver cómo hacemos para que los tribunales puedan prestar el mejor servicio de justicia”, afirmó.

“Pensamos, por eso, en un proyecto que pueda ser potable, que funcione y que brinde soluciones”. Y destacó que en el mundo hay una tendencia a la oralidad: “Es importante que el juez esté presente, sino no puede decidir sobre lo que no conoce”.

Córdoba, en tanto, precisó que un código procesal de familia será “el mejor medio para efectivizar derechos de las familias y de las personas vulnerables”. Y amplió: “Desde hace unos años se vienen promulgando leyes que proclaman estos derechos, pero faltaba la herramienta para hacer efectivos esos derechos”.

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