Desde el inicio de su gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano insistió, planteándolo como un objetivo, en la necesidad de generar información confiable y estadísticas más ordenadas para pensar políticas públicas con bases sólidas. De esto se trata el Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de la Pena (SNEEP), un informe que siempre se hizo desde la Dirección de Política Criminal que depende de la Subsecretaría de Política Criminal, cuyo titular es Juan José Benitez. El subsecretario explica de qué forma usan estos datos y cuáles son los importantes cambios que se registraron con este último informe.

-¿De qué se trata el Sistema Nacional de Estadísticas para la Ejecución de la Pena?

-No es ni más ni menos que una encuesta carcelaria que se le envía a todos los sistemas penitenciarios, provinciales y nacionales; son ciertos temas vinculados a las personas que están privadas de su libertad. Primero se pregunta la cantidad de personas detenidas que tiene, es una foto de un día: es un relevamiento que se hace al 31 de diciembre de cada año. Entonces ahí sabemos la cantidad de personas alojadas, divididas por sexo (desde 2016 se incorporó a la población trans). Hay datos de última residencia antes de quedar detenido, con lo cual se puede determinar desde dónde vienen las poblaciones que están privadas de la libertad: edad, estado civil, si tienen o no tienen hijos. En el caso de las mujeres si esos hijos están junto con ellas alojados o no.

-¿También sobre sus situaciones judiciales?

-Sí, también. Se obtiene información sobre su situación judicial: si están procesados o condenados y por qué delito. Eso te permite ver qué delitos tienen mayor incidencia dentro del sistema carcelario. También contamos con información, por ejemplo, de si acceden o no a programas de capacitación, si están participando de actividades laborales o no dentro del penal, si están accediendo a algún tipo de formación educativa, si acceden a visitas o no.

-¿Qué hacen con esa información?

-Todos estos datos brindan una información muy rica para el análisis criminológico y para ver qué respuesta da el sistema de Justicia con los casos que se presentan. Porque también relevamos la información que trae la misma persona: primario, secundario, alguna actividad terciaria, si estaba ocupado, desocupado, ocupación parcial o no de forma previa a ser detenido. Después está también la información acerca del monto de la pena que se le impuso a los condenados. Entonces, ahí se puede ver el promedio de las penas que se imponen.

-En esta nueva edición del informe, ¿hay algún dato saliente o destacable?

-En este año, los 15 años del SNEEP, se dan dos casos particulares: uno es que esta es la primera vez, desde que se realiza el informe, que se detectaron más condenados que procesados en el sistema carcelario. Es la primera vez que ocurre en la historia argentina, lo cual es un síntoma muy bueno, aun cuando el porcentaje aún dista de ser lo deseado.

Tenemos un 52% de condenados frente a un 48% de procesados. Pero, también, es el año que hay menos mujeres presas con sus hijos. También esto es muy simbólico.

Si bien las mujeres que tienen hijos menores de cuatro años pueden solicitar estar con ellos en la cárcel –es un derecho que tienen-, obviamente dista de ser lo ideal que un niño esté dentro de un espacio de encierro carcelario.

-La situación en relación a que hay más condenados que procesados, ¿a qué lo atribuyen?

-Lo que vemos es que el fomentar la institucionalidad del sistema de Justicia y trabajar mucho sobre la independencia del sistema de Justicia, sin lugar a dudas le ha permitido a los jueces, entendemos nosotros, trabajar con más tranquilidad y libertad –y por ende, con más velocidad- que con la que venían haciéndolo. Esto sin duda impacta positivamente. Sumado a que hay muchos sistemas procesales provinciales que han sufrido muchas mejoras y muchos ajustes, lo cual también ayuda a que este indicar esté mejorando. Justamente en este tema venimos trabajando intensamente desde la subsecretaría, dando asistencia técnica para el diseño de los planes de implementación y las reformas procesales. Además, venimos con una agenda de capacitación en investigación criminal para los sistemas de justicia nacional, provincial y federal. A tal punto que ya capacitamos a más de 5000 jueces, fiscales y funcionarios. A eso se suma que desde el Ministerio se vienen financiando los laboratorios forenses de las provincias para que tengan más y mejor tecnología y profesionales a lo hora de analizar las pruebas y evidencias. Esos recursos les permiten tener más y mejores herramientas para poder investigar y lograr la resolución de más casos y conflictos en menor tiempo.

-¿Cómo se trabaja dentro del Ministerio con estas estadísticas?

-Esta estadística se comparte obviamente con la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, que está a cargo de Juan Bautista Mahíques, para que ellos puedan tener la referencia no sólo del sistema federal, que es el que conducen, sino de todos los sistemas provinciales, y ver cuál es la problemática común y trabajar en soluciones conjuntas. Lo que muestra también esta estadística es que hay muchos indicadores que han mejorado: el acceso a trabajo y a la educación muestran mejoras significativas.