Funcionan en 15 provincias. Los equipos se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor

Los dispositivos duales contra la violencia de género que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó a 15 provincias se utilizaron en 428 procesos judiciales, precisó el ministro del área, Germán Garavano, al destacar que esta iniciativa forma parte de una política preventiva que busca controlar el cumplimiento de las medidas cautelares y resguardar la seguridad de las víctimas. En total se adjudicaron 600 equipos.

“Se les ha dado una solución efectiva a 428 mujeres”, resaltó Garavano y explicó que esta tecnología permite solicitar ayuda o activar una alerta de pánico en las situaciones en las que la víctima perciba que su seguridad está amenazada o en peligro. Desde la implementación de este procedimiento, las provincias no han reportado casos de agresiones mientras la víctima usaba el dispositivo.

En ese sentido, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez subrayó: “El objetivo es que las medidas de restricción de acercamiento en los casos más graves se cumplan. Esta tecnología, al ser georreferenciada, aumenta la efectividad de la respuesta ante situaciones de riesgo porque permite actuar con antelación cuando el agresor se esté acercando”.

Los equipos se componen de dos unidades de rastreo, una para la víctima y otra para el agresor, además de una tobillera que se asegura al cuerpo de este último. Si esta se intenta manipular, sacar o romper se activa una alarma.

El sistema monitorea la ubicación y fija zonas de exclusión o de peligro como el domicilio o lugar de trabajo de la víctima, el colegio de los hijos, entre otras. Ante una eventual violación del perímetro se emite una alerta. Dicho incumplimiento tiene valor probatorio en la causa judicial.

A través del uso de los dispositivos se traslada la carga de la alerta de la víctima al Estado, lo que permite que la mujer pueda recuperar su vida cotidiana.

La cartera de Justicia, a través de la firma de convenios de colaboración, cedió 600 de estos dispositivos duales a las provincias de Córdoba, Mendoza, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego y Jujuy. En tanto Misiones, Río Negro y Santa Cruz contarán próximamente con el sistema. Las jurisdicciones son las encargadas de implementar los dispositivos, a partir de las solicitudes que realicen sus respectivos poderes judiciales.

Previamente, cada jurisdicción debe establecer un Centro de Monitoreo que permita el seguimiento geolocalizado las 24 horas, los 365 días del año y fijar protocolos de actuación.

Los dispositivos se colocan en el marco de procesos judiciales, esto significa que debe existir una investigación originada a partir de una denuncia previa. “Las restricciones de acercamiento se disponen para prevenir situaciones de peligro. La denuncia es fundamental para que la Justicia intervenga en estos casos, se logré la sanción del agresor y se asista, acompañe y proteja a la mujer,” concluyó Rodríguez.

Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género

El próximo 18 de marzo el Ministerio de Justicia presentará a los primeros profesionales seleccionados para integrar el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, que brindarán asistencia gratuita en 13 provincias.

Se anotaron 1.578 profesionales de todo el país. En esta primera cohorte 556 abogados provenientes de las provincias de Tucumán, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero, Buenos Aires, Neuquén y Catamarca realizaron el Curso de Transformación Actitudinal en Género (TAg).

La selección de las provincias se hizo en base a un estudio de necesidades jurídicas insatisfechas realizado por el Ministerio en 2016. De este modo, se incluyó a las del noreste, noroeste y a Neuquén, como parte de los compromisos asumidos por el Estado argentino en el marco del caso Ivana Rosales que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Queremos profesionales que no sólo tengan perspectiva de género, sino también que sean buenos litigantes. Poner en sus manos a las víctimas es una enorme responsabilidad. Por eso, deben tener trayectoria y experiencia en la materia”, aseguró la subsecretaría de Acceso a la Justicia.

Las víctimas podrán acceder al patrocinio a través de los Centros de Acceso a Justicia, distribuidos en todo el país. Asimismo, se está trabajando en mecanismos de coordinación y cooperación con el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, y demás organismos y entidades de la sociedad civil, para ampliar el beneficio.

El Cuerpo de Abogados tiene como misión garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fijará un monto de dinero en concepto de honorarios por la labor realizada por los abogados del Registro.