A fines de octubre, la Mesa Interministerial para la lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas presentó en la mesa de entrada de la legislatura de Santa Cruz, un proyecto de ley para garantizar la reinserción laboral y promover la capacitación para las víctimas que son rescatadas del delito de trata de personas. El proyecto fue tomado por la diputada Rocío García y ya tiene estado parlamentario para ser tratado en el transcurso de este año.

El proyecto garantiza la devolución de las cargas sociales por un año a todas las empresas que contraten personas que fueron víctimas de trata de personas; reserva el 1 % de los cargos disponibles en el Estado provincial para la reinserción laboral de las mismas; promueve la capacitación a través de becas remuneradas con un salario no inferior a dos salarios mínimos, vitales y móviles y resguarda la confidencialidad de los datos de las víctimas.

Fue elaborado por la mesa interministerial en la que confluyen los organismos competentes provinciales y nacionales junto con la dirección operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Victimas para coordinar tareas de capacitación, prevención y asistencia.

En su redacción se tuvo como antecedente a leyes y ordenanzas que ya se habían votado en otras provincias y municipios, junto a la férrea convicción de que hay que restituir derechos a las personas rescatadas del delito de trata de personas a fin de sacarlas de la situación de vulnerabilidad y evitar su revictimización.

En la misma sintonía, a fines de 2021, la diputada Lorena Parrilli presentó un proyecto en la legislatura de Neuquén que también establece incentivos para las empresas privadas que contraten víctimas, reserva el 1 % de los lugares disponibles en el Estado para garantizar cupo laboral, promueve capacitaciones y becas y resguarda la confidencialidad de los datos de las víctimas. En este caso, la dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas aportó fundamentos y antecedentes como los de las provincias de Catamarca y Chaco.

Ya son dos provincias y 17 municipios en 9 provincias los que promovieron leyes y ordenanzas para garantizar el acceso al trabajo digno y registrado para las personas que fueron víctimas de trata de personas.

Estas iniciativas se complementan con el “Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de trata y explotación de personas”, que ya está en funcionamiento en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. Dicho programa está capacitando en oficio a decenas de víctimas rescatadas a las que se incluirá laboralmente en el ámbito público o privado luego del entrenamiento durante un año, período en el cual perciben una remuneración no inferior al mínimo, vital y móvil que les abona el Ministerio.

Además de haber optimizado la asistencia urgente para las personas rescatadas, también se trabaja intensamente en el presente plan bienal 2020-2022 para restituir derechos que garanticen la efectiva reinserción social mediante el acceso al trabajo, la vivienda y el acompañamiento terapéutico.