Durante dos jornadas, representantes de más de doce países realizaron talleres y debatieron un documento de consenso para el abordaje de la trata de personas con enfoque en la situación actual que viven los migrantes venezolanos. Las jornadas se realizaron en Buenos aires con la organización conjunta de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de Relaciones Exteriores y Culto, y la colaboración de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

La Reunión Técnica Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas en las Américas fue encabezada por la secretaria de Justicia, María Fernanda Rodríguez, el director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Luis María Sobrón, y el director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Diego Beltrand

El documento final elaborado intenta -a partir de los ejes de “prevención, protección y judicialización”- esbozar recomendaciones técnicas para los países que aborden la trata de personas.

“La experiencia en otras regiones del mundo evidencia que, en contextos de alta movilidad humana, aumenta el número de casos de trata de personas en mayor proporción que en contextos de movilidad menos masivos y prolongados”, sostuvo Rodríguez en la apertura de las mesas.

La funcionaria destacó que “esto sucede porque la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas generalmente alcanza niveles alarmantes en situaciones de crisis”. Rodríguez fue la encargada del cierre de las jornadas y de la lectura completa de las recomendaciones.

Próxima reunión en Bogotá

Por su parte, Gabriela Fernández, jefa de oficina de OIM Argentina, sostuvo que se “reconoce el trabajo que hacen todos los países para evitar que los venezolanos caigan en la explotación” y destacó que “este documento es un insumo para la próxima reunión de Bogotá”.

Las jornadas fueron la sexta reunión que se realizó desde lo que se conoce como el Proceso de Quito, donde se enfocó en la situación de los migrantes venezolanos.

Sobrón, a su turno, destacó la participación de los países en las jornadas y explicó que “el proceso de Quito tiene un andamiaje propio” y destacó el eje de la judicialización donde los países deben “llevar la denuncia hasta donde se deba llevar”.
De la actividad formó parte también el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Juan Carlos Murillo.

Estrategias regionales

Entre las acciones técnicas recomendadas en el documento se consignan, entre otras, la creación de estrategias regionales de comunicación sobre trata de personas, y de mecanismos de coordinación y cooperación para la protección y asistencia integral a las víctimas; además se sugirió el promover la instrumentación de las garantías judiciales para la reparación efectiva a los afectados por este delito.

Las delegaciones coincidieron en la necesidad de una mayor articulación en las respuestas transfronterizas entre países de tránsito y acogida y en los procesos de reunificación familiar de las víctimas de trata de personas y explotación sexual, para lograr la implementación de políticas efectivas y sostenibles.

Los países que participaron, además de Argentina, fueron Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

También estuvieron presentes organismos internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), la Red sobre Trata de Personas del Caribe, y la Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.