El Código Procesal Penal Federal (CPPF) surgió del trabajo realizado junto con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil en equipos reunidos en el Eje Penal del Programa Justicia 2020. Se aprobó a fines del año pasado en el Congreso, se reglamentó en febrero y el lunes 10 de junio empezará a aplicarse en las provincias de Jujuy y Salta.

Establece cómo deben actuar los fiscales para investigar un delito y los jueces para impartir justicia. El nuevo código de procedimientos adopta el sistema acusatorio en la justicia penal federal para investigar y juzgar delitos como narcotráfico, corrupción, lavado de activos y trata de personas, contrabando y secuestros extorsivos, entre otros.

El nuevo Código Procesal se basa en un modelo de justicia oral, con procedimientos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles.

Su implementación se hará progresivamente, en diez etapas, en todo el país, y estará a cargo de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal. Después del norte se planea implementar en la región de
Cuyo: en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

En un proceso penal acusatorio, el fiscal asume la investigación de los delitos, la causa se tramita mediante audiencias orales y se brinda “mayor celeridad para tratar los casos, más transparencia e imparcialidad”, expresó Ariel García Bordón, coordinador de la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal. Esta área depende de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Juan José Benitez.

García Bordón explicó que las “investigaciones preparatorias no durarán más de un año desde el primer acto de formalización de la investigación y se prevé un máximo de tres años de duración para la realización de un juicio completo”.

Los procesos serán completamente orales dejando de lado el papel y cada parte formará su legajo digital del caso. “El sistema acusatorio busca así tener menos formalidades y más simplicidad, celeridad, publicidad y respuestas concretas, para una administración de justicia de cara a la sociedad”, explicó García Bordón.

En línea con la Ley de Víctimas de Delitos, el nuevo código procesal impone un nuevo paradigma dentro del proceso penal: pone a la víctima en el centro del sistema, otorgándole participación durante todo el proceso, incluso al momento del cumplimiento de la pena. “La víctima ahora puede pedir medidas de prueba y se toma cuenta su opinión acerca de las medidas que se decidan en la causa”, detalló.

Como forma de organización del nuevo modelo judicial, este sistema reúne a todos los fiscales federales dentro de una “unidad fiscal” que cuenta con un “coordinador”. De igual forma organiza a los defensores públicos.

Intervención del Ministerio

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estará presente en Salta y Jujuy durante la fase inicial (junio y julio), acompañando la implementación de la ley 27.063 en esa jurisdicción.

El primer equipo brindará asistencia y asesoramiento en las ciudades de Salta, San Salvador de Jujuy y Orán hasta el 14 de junio. Está integrado por profesionales de la Dirección Nacional de Política Criminal y la Unidad de Asistencia para la Reforma Procesal Penal.

La función de este equipo es dar respaldo a los operadores desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal o, en su defecto, hasta la llegada del primer caso a los juzgados federales de garantías. “El objetivo es mostrar presencia institucional y acompañar a los operadores en la puesta en marcha del nuevo sistema para aclarar dudas y hacer que fluya el sistema”, aclaró el funcionario.

“A través de las visitas buscamos que se concrete la propuesta de implementación efectiva, entendiéndola como la puesta en marcha de la oralidad en lo penal federal a través del sistema de audiencias. Ese proceso debe estar acompañado por monitoreo, contención, evaluación y ajustes para asegurar la buena marcha de la implementación”, explicó García Bordón.

Nueva oficina judicial

El nuevo Código Procesal trae aparejada otra novedad, que es la puesta en funcionamiento de la primera Oficina Judicial Federal del país, que se encargará de todos los trámites administrativos de los juzgados de garantías, de los tribunales de juicio y de la cámara federal que conllevan estos delitos.

La primera no estará a cargo de un abogado, sino de un licenciado en Administración. Joaquín Ruíz de los Llanos será el director de la Oficina Judicial Federal que llevará adelante, además, los trámites sobre los recursos humanos y edilicios.
El 7 de febrero se reglamentó el nuevo Código Procesal Penal, que había sido sancionado a fines de 2018. Con las incorporaciones dispuestas por la ley 27.482, se lo denominó Código Procesal Penal Federal.

Se le dio un carácter federal al Código para dotar a la Justicia de herramientas para la investigación eficaz de delitos graves como el narcotráfico, la trata de personas y el terrorismo. Y se incorporaron al texto leyes especiales como las de Flagrancia, la de Juicio Unipersonal, la del Arrepentido, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, todas ellas sancionadas por el Congreso Nacional en los últimos años.

El 26 de marzo pasado, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF dispuso la entrada en vigor del nuevo código de procedimientos para el 10 de junio.