En la ciudad de Santa Fe se celebró la primera audiencia pública en torno al debate sobre el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor. El encuentro tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y contó con la presencia de autoridades de las instituciones organizadoras -asociaciones de defensa del consumidor y de las cámaras empresariales- y los miembros de la Comisión Reformadora.

La iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Producción y Trabajo, a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

El proyecto responde esencialmente al objetivo de generar una propuesta superadora de posible reforma de la actual Ley de Defensa del Consumidor que mejore, integre y fortalezca el sistema argentino de protección y promoción de los derechos reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

El objetivo, además, es desarrollar más y mejores instrumentos que garanticen el acceso a la justicia de los consumidores de bienes y usuarios de servicios, la resolución alternativa de sus conflictos, la educación de la ciudadanía conforme derechos y responsabilidades, y la existencia y fortalecimiento institucional de asociaciones que representen al colectivo más débil en la relación de consumo.

Consumidores “hipervulnerables”

“En esta primera audiencia se trató el concepto o definición de consumidor, es decir a qué personas habrá de proteger la legislación de consumo. También, cuestiones vinculadas a la protección en el marco de las prácticas abusivas, los contratos de consumo, los servicios públicos, la situación de los consumidores ‘hipervulnerables’: ancianos, niños y personas enfermas”, sostuvo Javier Wajntraub, director nacional de Modernización Judicial del Ministerio de Justicia.

“También discutimos sobre los servicios financieros y el diseño institucional, lo que implica, a nivel gubernamental, pensar cómo debería configurarse la autoridad de aplicación de la legislación que protege a los consumidores”, agregó.

Durante el desarrollo de la jornada de debate hubo un punto controversial entre los expositores, alrededor de la cuestión del daño punitivo. “Tiene que ver con la facultad de los jueces de fijar multas, sancionando a las empresas que actúan de manera desaprensiva en el mercado, multas que están por encima del monto de la reparación integral”, graficó Wajntraub.

Y argumentó: “Sin perjuicio de la indemnización que puede recibir el consumidor por los daños sufridos, el juez tiene facultad de aplicar una multa que apunta a disuadir a las empresas de actuar de manera desaprensiva con el consumidor, y en alguna medida la discusión que se generó fue sobre el destino de esa multa”.

La legislación actual establece que el consumidor que demanda es el que se beneficia con esa sanción económica, mientras que el proyecto propone que el juez determine el destino del monto de la sanción, pudiendo designárselo al consumidor o en parte al consumidor. “En ese caso, puede decidir que parte del monto sea destinado a una institución de bien público relacionada con el tema del juicio”, explicó el funcionario.

Enriquecer el debate

La legislación de defensa del consumidor tiene poco más de 25 años en la Argentina y ha sufrido diferentes reformas, todas en el marco de pretensiones parciales. “No hubo un trabajo que después de un tiempo prudencial hiciera una evaluación y planteara un cambio estructural, sistémico, de todas esas cuestiones que requieren mejoras”, puntualiza Wajntraub.

Hubo varias reformas: por ejemplo, la que con el Código Civil y Comercial del 2015 se incorporó a la legislación de defensa del consumidor, donde se reformó el concepto de consumidor y se e lo que se denomina “la práctica abusiva”.

Provisto de 184, el anteproyecto de reforma entregado en diciembre último a los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Producción y Trabajo, Dante Sica. Encargado por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y luego articulado con el Programa Justicia 2020, doce especialistas en la materia elaboraron la normativa.

Wajntraub destaca que se ha proyectado durante el primer semestre de 2019 enriquecer el proyecto con la discusión pública, para luego darle un formato más definitivo y poder ingresarlo en el Congreso para su tratamiento.

Para ello se impulsa un programa de audiencias en distintas provincias. Y se complementará con la posibilidad de que cualquier ciudadano acceda a la plataforma de Justicia 2020 y envíe sus comentarios sobre el anteproyecto.