La ley 26.879 se sancionó hace cuatro años, pero recién se reglamentó el mes pasado a través de un decreto presidencial: el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual era una demanda de varias agrupaciones de familiares de víctimas. Ahora se están dando los primeros pasos administrativos para que finalmente esté en funcionamiento. “Será un auxiliar de la justicia, en el marco de una investigación criminal y sólo a pedido del poder judicial”, explica Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales, área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la cual dependerá el organismo.

De acuerdo al texto de la ley, el registro tendrá por fin “facilitar el esclarecimiento de hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal”. Almacenará y sistematizará la información genética asociada a una muestra o evidencia biológica que se haya obtenido en una escena del crimen. Y también de toda persona condenada por delitos contra la integridad sexual. Cuando la sentencia esté firme, el juez ordenará exámenes para lograr la identificación genética del condenado y su inclusión en el registro. Esa información será dada de baja recién cien años después.

El decreto reglamentario crea la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, que coordinará la implementación y funcionamiento del registro. “Hay que cumplir una serie de pasos previos para que el registro pueda iniciar sus funciones”, aclara Borrelli.

—¿Cuáles son esos pasos previos?

—Desde el punto de vista operativo, es trascendental la acreditación de los laboratorios que van a estar autorizados a llevar adelante los estudios de las muestras genéticas. Al ser nacional, el registro será el único en todo el país para hacer el “matcheo”, el entrecruzamiento entre la base de datos de los condenados por delitos sexuales y entre otra base de datos que será la resultante de las extracciones que se realicen en las distintas escenas de los delitos.

—¿Esos laboratorios son del Estado o hay también privados?

—El Ministerio de Ciencia y Tecnología es, por ley, el que tienen a su cargo la tarea de hacer ese trabajo con los laboratorios. Cada laboratorio deberá seguir protocolos de actuación. Ya estamos trabajando con la red de laboratorios, unos 25, que son los que tienen los diferentes ministerios públicos provinciales. No está prohibido en la ley que puedan sumarse laboratorios privados.

Un software del FBI

Hace más de veinte años, a instancias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI diseñó un sistema para entrecruzar este tipo de información genética. Creó un software llamado CoDIS (por sus siglas en inglés: Combined DNA Index System), que es el que se utiliza en más de 150 países. Ese programa es el que se usará en la Argentina, gracias a un convenio que el Ministerio de Seguridad firmó este año con la agencia de inteligencia estadounidense.

—¿Por qué se eligió ese programa?

—CoDis se impuso sobre otros sistemas. Acá en la región lo usan también Brasil y Uruguay, por ejemplo. Lo que decidimos, junto con el Ministerio de Seguridad, fue apurar el acuerdo de cooperación para contar con el programa. Es la manera más rápida y segura de poner en marcha este registro, que estaba parado desde hace cuatro años. En octubre llegará la primera delegación del FBI a hacer capacitaciones con personal de las fuerzas de seguridad y de los ministerios de Justicia y Seguridad.

Tras el rastro genético

¿Cómo es todo el proceso? Primero se recolectarán huellas y rastros genéticos en la escena del crimen. Extraída la muestra de ADN, pasará por un secuenciador que es el que extrae el código genético. Los laboratorios autorizados procesarán esos datos y lo digitalizarán. En el caso de que un juzgado lo solicite, personal del registro, a través del software, analizará y comparará la información genética, para ver si hay match (coincidencia) con otros perfiles cargados en el sistema. En el caso de que haya, se repetirá todo el proceso, como una contraprueba.

—¿Sólo la justicia podrá acceder a la información del registro?

—Sí, sólo en el marco de una investigación criminal. El registro almacenará y custodiará la información, que son los perfiles genéticos de condenados por delitos contra la integridad sexual. Y compartirá esa información sólo en el caso de que la justicia se la pida.

—La principal crítica al sistema en otros países, donde el acceso a los registros no es tan restringido, es que va contra la idea de resocialización.

—En nuestro país la ley nacional sólo habla de registros de datos genéticos, nunca de registro de violadores, más allá de que se lo conozca de esa manera. Hay que remarcar: no es un registro de violadores. No se va a dar a conocimiento público un listado de personas. El registro funcionará como auxiliar de la justicia, en el marco de una investigación criminal, y sólo a pedido del poder judicial. El registro no actúa de oficio ni a pedido de un particular.

Sobre este punto, el decreto reglamentario subraya que la información del registro en ningún caso podrá ser utilizada “con fines discriminatorios ni estigmatizantes que vulneren la dignidad inherente a la persona humana, su intimidad, su privacidad y su honra”.

—¿Qué universo de casos integrarán el registro desde el inicio?

—Por ahora, todos los condenados por delitos contra la integridad sexual que se encuentran en el sistema penitenciario federal, en cárceles federales y provinciales. Se trata de unos 18 mil condenados con sentencia firme. Será necesario extraerles una muestra genética, que es un hisopado bucal. La ley dice que la obtención de ADN será practicada del modo menos lesivo para la persona, y sin afectar su pudor.