El Embajador visitó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, para trabajar y profundizar la cooperación entre la cartera de Justicia y la representación diplomática boliviana.

En ese sentido, el Embajador de Bolivia en la Argentina valoró y agradeció la clara posición tomada por el gobierno argentino, al tomar estado público las pruebas que daban cuenta del envío de municiones y armamento durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado que sufrió el pueblo boliviano a fines de 2019.

“La posición tomada por el Estado Argentino es un importante acto de reparación entre nuestros dos pueblos hermanos. El Presidente Alberto Fernández vuelve a demostrar el compromiso que tiene la Argentina y todo su pueblo con la defensa de la Democracia y la integración regional” expresó el Embajador.

Durante el encuentro, el embajador boliviano informó el proceso judicial que lleva adelante el Estado Plurinacional de Bolivia, desde que recuperó el orden democrático, para investigar y juzgar a los acusados de participar en el golpe de estado perpetrado en noviembre de 2019 y a los civiles y militares que formaron parte del gobierno de facto comandado por Jeanine Añez.

Jorge Ramiro Tapia Sainz condenó y repudió el apoyo armamentístico que proporciono el anterior gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, al gobierno de facto que derrocó al Presidente Evo Morales. A su vez, hizo énfasis en condenar el tráfico ilegal de armas y municiones e indicó que las investigaciones judiciales en las que se encuentran implicadas las más altas autoridades golpistas siguen su curso. Entre otras autoridades superiores se investiga a Jeanine Añez, al ex Ministro de Defensa Luis Fernando López, así como el ex Ministro de Gobierno, Arturo Murillo que se encuentra detenido en EEUU a causa de sobornos y lavado de dinero en época que ejerció el cargo.

Asimismo, en la reunión abordaron la posibilidad de trabajar de forma conjunta en la prevención y persecución de la trata de personas a través de capacitaciones, acciones y tareas de difusión y concientización sobre ese delito, entre las carteras de justicia de ambos países.