El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti recibieron a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeyda y Vera Vigevani de Jarach, al Presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Tavani, y representantes de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

Durante el encuentro expresaron su preocupación por la alarmante situación de represión y vulneración de derechos humanos, como también de criminalización de los derechos a la protesta y manifestación en Jujuy, impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales.

También rechazaron firmemente la persecución encabezada por el Gobernador, e instrumentada conjuntamente desde el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Jujuy, para privar la libertad y sancionar económicamente a los manifestantes los días posteriores a las manifestaciones contra la reforma constitucional.

Los funcionarios junto a los organismos analizaron las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y de la Constitución Nacional en la provincia y advirtieron que el Gobierno de Jujuy está exponiendo al Estado argentino a graves sanciones de organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al respecto, repasaron la acción declarativa de la inconstitucionalidad, presentada por el ministro Soria el 30 de junio, -que busca declarar inconstitucionalidad de los artículos reformados de la Constitución jujeña que vulneran derechos consagrados por la Constitución Nacional- y el trabajo realizado por la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, la denuncia penal y la presentación de un habeas corpus colectivo y preventivo en favor de los y las manifestantes que ejercen su derecho a la protesta.

En ese marco, los funcionarios nacionales informaron los avances y estado de situación e los escritos presentados y adelantaron a los organismos presentes que la Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en la causa que investiga las responsabilidades de la represión en la provincia.