El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, participa del evento internacional que nuclea a las altas autoridades en materia de justicia y seguridad de los poderes ejecutivos y judiciales de 18 países de la Unión Europea y 14 de Latinoamérica.

Durante las intervenciones de la delegación argentina, el ministro Soria expuso los avances del país en materia de cumplimiento de los tratados internacionales vinculados a medidas alternativas de prisión, decomiso de bienes provenientes del crimen organizado y lucha contra la trata de personas con fines sexuales y laborales.

“Las redes de lavado de activos, las redes de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y el narcotráfico - entre muchos otros - han desbordado la capacidad de las herramientas con que hoy cuentan los Estados e instituciones más avanzadas que a lo largo del tiempo nuestras regiones han logrado consolidar ambos continentes” advirtió Soria en su intervención frente a instituciones europeas de justicia en Bruselas.

“Por ello, todos los Estados y organismos aquí presentes necesitamos cooperar y coordinar tanto política como legislativamente los esfuerzos para combatir al delito organizado. Es una necesidad imperiosa que hoy tenemos para poder dar respuesta al crimen trasnacional moderno, que aprovecha los límites y los grises legislativos y estatales para operar a los márgenes de la ley y de cada país” concluyó el Ministro de Justicia y DDHH.

Las 4 jornadas internacionales llevadas a cabo en Francia y Bélgica, sirvieron para que las delegaciones nacionales y comunitarias acerquen posiciones en diversas temáticas vinculadas a las nuevas amenazas criminales como lo son la coordinación de los actores especializados en materia de crimen organizado, el rol de los actores de la justicia en la confiscación, gestión y recuperación de los activos criminales, los desafíos de la Justicia Medioambiental, medidas alternativas al encarcelamiento y sistemas de justicia democráticos en Estados Seguros.

En la exposición argentina sobre confiscación, gestión y recuperación de los activos criminales, Martin Soria valoró el trabajo articulado implementado desde el Ministerio de Justicia y destacó 2 políticas concretas que fortalecieron el sistema de gestión de bienes decomisados en el proceso penal: La recuperación del Registro Nacional De Bienes Secuestrados y Decomisados durante el proceso penal (RNBSD) y la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas De Trata.

“En diciembre pasado Argentina se convirtió en el primer país de la región en implementar un Fondo de Asistencia Directa a víctimas de trata, instrumento que estaba previsto por nuestra legislación hace casi 10 años. Desde que lo pusimos en marcha, dotamos al Estado argentino de un mecanismo moderno que permite reparar material y económicamente a las víctimas de trata con el dinero producido de los bienes recuperados de los delitos trata, explotación de personas y lavado de activos y, a su vez, permite transparentar el proceso de decomiso, ya que la venta de esos bienes - autos, aeronaves e inmuebles utilizadas por los criminales – se realiza a través de remates públicos” afirmó Soria.

Por otra parte, durante la conferencia de altas autoridades, Soria recordó “el rol protagónico” que tuvo Argentina en la elaboración e implementación de las “Reglas Mandela”, que hoy son las bases normativas y las reglas mínimas para el tratamiento de la población carcelaria aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015.

En esa línea, el Ministro de Justicia puso en valor el “carácter genuinamente federal” del Gobierno de Alberto Fernández y en particular la gestión y asistencia a las provincias que se lleva a cabo desde el Ministerio de Justicia.

“Desde el Gobierno Nacional hemos trabajado de manera articulada para asistir las necesidades de cada una de las provincias. Gracias a ello, desde el Ministerio de Justicia y DDHH consumamos un verdadero hito en la política nacional vinculada a medidas alternativas al encarcelamiento: en diciembre pasado, con la incorporación de la provincia de San Luis, logramos extender el alcance del programa de tobilleras de vigilancia electrónica al 100% del territorio argentino. Esto permite consolidar una de las políticas federales más importantes en materia penitenciaria del Ministerio de Justicia, política que permite a las provincias disponer de tecnología de última generación para supervisar y monitorear electrónicamente a las personas que estén cumpliendo, por decisión de un juez, arresto domiciliario u otras modalidades de detención”.

Las delegaciones de altas autoridades que participaron de las conferencias birregionales estuvieron conformadas por autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Judicial de los distintos países que componen ambos continentes: del Gabinete Nacional de Francia el ministro de Justicia de Francia, Dupond-Moretti, el ministro del Interior, Darmanin; de los Ministerios Públicos participaron Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, el procurador General de Panamá, Caraballo Salazar, Lanchipa Ponce, fiscal General del Estado Plurinacional de Bolivia; ministros de los Supremos Tribunales de Justicia de Ecuador, Portugal y Perú; los directores y directoras de la administración penitenciaria de Bélgica, Italia, Bolivia, Guatemala, Portugal, entre otras autoridades nacionales.

A su vez, también estuvo presente el comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, la directora General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, Ana Gallego; diputados/as del Parlamento Europeo, entre los que se encontraban Mónica Gonzales, eurodiputada hispano-argentina, y López Aguilar, ex ministro de Justicia de España; la secretaria Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), Elena Martínez Rosso; Jorge Abbott Charme, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) ; el secretario General de Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) Dr. Enrique Gil Botero.