El Ministerio de Justicia informa que se cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

En este sentido, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, manifestó que “este Gobierno respeta la división de poderes y vela por la protección irrestricta de los derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada. Por lo tanto, la existencia de este organismo es incompatible con la Constitución Nacional”.

Esta Unidad del Poder Ejecutivo violentaba el régimen constitucional de división de poderes porque llevaba a cabo funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos.

El Poder Ejecutivo, al crear esta Unidad en 2004 y arrogarse la capacidad de realizar investigaciones de hechos delictivos, avasalló la competencia del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. Esta superposición es un grave atropello a nuestra Carta Magna que no se puede permitir. Es claro que corresponde únicamente al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de denuncias ante el Poder Judicial.

A su vez, gobiernos anteriores se arrogaron ilegalmente la autoridad para acceder de forma directa y discrecional a la información de todos los ciudadanos argentinos a través de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI. De esta forma, violaron el sagrado y fundamental derecho a la intimidad de las personas.