Más de tres horas separan a San Salvador de Jujuy de Susques, un pueblo ubicado a casi cuatro mil metros de altura cerca de la frontera con Chile. En plena Puna, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos posee uno de los cuatro Centros de Acceso a Justicia (CAJ) que hay en la provincia y que se suma a una red de 90 centros que abarca todo el país. Allí finalizó con un recorrido por la posta del denominado Corredor NorAndino Legal y Sanitario la Semana de Acceso a Justicia, desarrollada durante cuatro días de la semana pasada. La Semana de Acceso a Justicia se realiza con la colaboración de Los Pioneros para Sociedades Pacíficas, Inclusivas y Justas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Corredor Norandino Legal y Sanitario es un modelo innovador de atención a necesidades médicas y legales, con un enfoque diferencial en comunidades indígenas y rurales. Es una iniciativa desarrollada por los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y los gobiernos provinciales de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Formosa.

El proyecto, que forma parte del Plan Belgrano, representa la primera iniciativa de este tipo en el país y en la región. Además, forma parte los compromisos asumidos por el Estado argentino para garantizar el acceso a los derechos a las poblaciones más vulnerables, de cara a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Desde enero de 2018 a marzo pasado, los CAJ del corredor Norandino atendieron unas 1900 consultas. Y la unidad móvil recorrió más de 11 mil kilómetros conectando a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Formosa.

“Los CAJ son la puerta de entrada a otros derechos, a resolver conflictos”, dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que viajó a Jujuy para participar del recorrido de la unidad móvil. “Si estas experiencias no logran cambiar la vida de las personas, nuestro trabajo no tiene sentido”, explicó Garavano frente a los pobladores.

El ministro Garavano, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, y la subsecretaria de Acceso a la Justicia María Fernanda Rodríguez, encabezaron la visita al CAJ de Susques. Los acompañaban representantes de organismos internacionales especializados en derechos humanos y justicia, de la sociedad civil, académicos y funcionarios.

Llegar a las comunidades

“La precordillera es una zona con muchos habitantes que están reunidos en poblaciones muy pequeñas”, explicó Rodríguez. “Entendimos que si queríamos llegar a esas comunidades debíamos generar un modelo diferente que tuviera en cuenta esta situación y que llegara con los mejores servicios y la mayor calidad a donde más se necesita”.

Los CAJ del Corredor Norandino son oficinas móviles conformadas por un/a abogado/a, un/a trabajador/a social, un/a médico/a y un/a chofer-administrativo/a que recorren distintos territorios para brindar un servicio conjunto de salud y de justicia con un abordaje integral del conflicto.

El gobernador Morales describió el trabajo que la provincia realiza en los pueblos de la Puna y explicó que “el desafío es garantizar el Estado presente en salud, educación, seguridad y Justicia”. Y destacó que “es una buena experiencia” el CAJ en Susques.

El comisionado de Susques, Orlando Cruz, sostuvo que “es un alivio tener una oficina de esta magnitud en la Puna”. “Se puede llegar a cada persona de cada lugar de zonas rurales, con servicios que dignifican a la gente. Se siente la presencia del Estado”, explicó.

La unidad móvil en la ruta

Susques es el centro jurisdiccional de muchos otros pueblos y allí desempeña su trabajo la unidad móvil que, por caminos de tierra y entre cerros, llega a pequeñas poblaciones con la asistencia legal y sanitaria. “Los viajes son muy duros por los caminos que recorremos”, señaló Miguel Soriano, oriundo de Susques, y chofer-administrativo de la camioneta.

La unidad visita aproximadamente unas 25 comunidades dispersas en la Puna jujeña. Sólo en Jujuy hay otros tres Centros de Acceso a Justicia además que el de Susques.

Marcela Mon, abogada de la unidad móvil, se refirió a las temáticas que en líneas generales se abordan en cada salida de la unidad. “Sólo en los últimos dos meses hubo consultas que en su mayoría tienen que ver con cuestiones de familia, filiación y cuota alimentaria”, dijo. A ello se suman cuestiones laborales y de sucesión y el trámite para los beneficios sociales. Esto último se torna muy complicado para las comunidades debido a las distancias y los costos para realizar el trámite.

Debido a que se trata de una zona con muchas comunidades indígenas y zona minera también se realizan asistencia por “temas de tierra” y “mediaciones”. Un dato que aclaró la abogada es que más del 90 por ciento de las consultas son realizadas por mujeres.