El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas se reunió esta semana en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

La apertura de las jornadas estuvo a cargo del gobernador de la provincia, Gerardo Morales, y de la secretaria de Justicia y coordinadora del Consejo, María Fernanda Rodríguez.

Morales celebró que el Consejo sesionará en Jujuy. Y destacó la aprobación por Ley del fondo de asistencia a la víctima”.

Por su parte, la secretaria de Justicia destacó que “15 mil personas fueron rescatadas en el país de situaciones de trata y explotación en los últimos 10 años, gracias a una lucha constante contra esos delitos y una prevención cada vez más efectiva porque las organizaciones delictivas se reinventan".

Durante los dos días de trabajo, se presentaron las acciones del Consejo. Entre ellas, la evolución de cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Trata, el informe final 2019 del Consejo Federal, y la reglamentación de la Ley 27.508 que crea el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y Explotación de Personas.

En este sentido se pronunció Rodríguez, que explicó “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público Fiscal trabajamos en un proyecto de reglamentación que propone una administración diligente y transparente del caudal producto del delito de trata y explotación de personas”.

Por otro lado, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal informó que desde la sanción de la Ley 27.508 se han ordenado reparaciones económicas a 52 víctimas por más de 21 millones de pesos, en el marco de 3 causas judiciales.

También participaron la senadora nacional de Jujuy, Silvia Giaccopo, y la diputada nacional jujeña, María Gabriela Burgos; representantes ante el Consejo por la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados.

Se acordó que la próxima reunión se realicé en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en 2020; y se votó a las nuevas autoridades del Consejo Federal, que estableció que la coordinación quede nuevamente a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.