El Registro Nacional de Reincidencia es un organismo histórico, que colabora de modo auxiliar con los organismos de seguridad y con todo el sistema de administración de Justicia. Fue creado en 1935 como una derivación del Registro creado por Juan Vucetich en la provincia de Buenos Aires, el cual fue necesario expandir a nivel nacional, de manera de poder obtener información completa en el momento de chequear los antecedentes de un ciudadano. Su misión era y es centralizar la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley 22.117. Es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

“La función del Registro es administrar la base de datos de las personas que son condenadas por la Justicia, o también pasibles de un temperamento intermedio, como por ejemplo, el procesamiento”, explica José Guerrero, director del RNR. El ente sólo registra en sus archivos aquellos casos en los que se ha arribado a una condena en firme.

“Cuando asumimos en 2015 nos encontramos con un esquema de trabajo igual al que se venía implementando los últimos 25 años: el registro funcionaba correctamente, pero con esquemas de trabajo muy vetustos que empezaban a convertirse en inviables para afrontar la demanda de solicitudes, ya que la litigiosidad penal creció exponencialmente. Actualmente, se inician 20 veces más causas penales que 25 años atrás, y sin embargo se seguía trabajando de la misma manera que hace 25 años y con una lógica asentada en el oficio papel y el correo postal”, explica el director del RNR.

Así, toda la información que ingresaba y salía del Registro era en formato papel. Con el correr del tiempo, el Registro sumó a su tarea de darle informes a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, la de satisfacer la necesidad de las administraciones nacionales, municipales e incluso algunos registros particulares de conocer los antecedentes de una persona, para cuestiones particulares.

“Hay muchos trabajos y áreas del ámbito privado que exigen un certificado que acredite que el aspirante al puesto no registra condenas en determinados delitos – expresa Guerrero-.Esto derivó, naturalmente, en que la demanda del certificado privado, solicitado por un particular, fuera creciendo y superara la demanda oficial, y hoy es largamente el principal producto que nosotros expedimos”.

Dos millones de certificados

En números concretos, el director del RNR estima que en 2018 se expidieron dos millones de certificados de antecedentes penales contra quinientos mil informes de antecedentes penales requeridos por la Justicia. El trámite privado es tres veces mayor que el trámite oficial.

Desde la asunción de Guerrero se simplificaron procesos de trabajo que se duplicaban inútilmente y se incorporaron nuevas tecnologías, como escáneres de última generación. “Así, hemos logrado que el 90 por ciento de la información que procesamos esté digitalizada. El 98 por ciento de la información general que sale del Registro lo hace en formato digital, y el 2 por ciento restante sigue siendo en papel porque lo vienen a buscar las fuerzas de seguridad, policías provinciales, o la propia justicia de instrucción”, grafica. De la información que ingresa, el 60 por ciento lo hace en formato digital.

Entre los objetivos que definen el accionar del RNR está efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.

También, expedir informes sobre datos y antecedentes penales registrados, en los casos que corresponda, intervenir en peritajes de identificación de personas, dispuestos por una autoridad competente. Asimismo, actuar en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre antecedentes penales de personas.

“El trámite privado es cien por ciento digitalizado: cada persona lo inicia y lo termina desde su computadora, o teléfono, y en el caso del trámite oficial es un porcentaje menor, porque dependemos de trabajar con los 24 ministerios públicos de los 24 poderes judiciales, para ir incorporando procesos de digitalización”, señala Guerrero. La tramitación del certificado se realiza en www.dnrec.jus.gov.ar.

300 centros de atención

Hay organismos que son grandes consumidores de la información que gestiona el RNR, y entre ellos se destaca el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismos que en los procesos que desarrollan requieren que quienes gestionan algún tipo de documentación demuestren fehacientemente que no cuentan con antecedentes penales.

“En estos tres años y medio de gestión, entre las consultas de los organismos oficiales y los privados, hemos alcanzado ya los once millones de informes de antecedentes penales, y si nos centramos en los certificados puros, cuando asumimos en 2015 la suma anual era de un millón trescientos mil, mientras que en el año en curso ya estamos en los dos millones”, puntualiza Guerrero.

Además, el funcionario estima que, en gran parte, el aumento en la demanda de certificados de antecedentes penales obedece a la apertura de nuevas bocas de tramitación del documento, llevando el número de 85 lugares que había en 2015 a más de 300 centros en 2019. Además, señala que esos 300 puntos se van a triplicar a raíz de los convenios que se han firmado con el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y con el ANSES.

“En noviembre de 2017 se puso en funcionamiento el trámite web, que hoy es totalmente digital: antes la persona tenía que acudir al RNR a dejar su huella digital, mientras que ahora, el trámite web soslaya ese paso y permite que desde su computadora o celular pueda completar el trámite, esto gracias a la interacción que hemos forjado con el RENAPER”, concluye Guerrero.