Diputados aprobó el nuevo Código Procesal Penal Federal
Se pasará de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, en el que los fiscales conducen y dirigen las investigaciones. “Permitirá una justicia más rápida y transparente", afirmó Garavano.
La Cámara de Diputados sancionó el nuevo Código Procesal Penal Federal que introduce modificaciones a la Ley 27.063, sancionada en 2014. Esta reforma está orientada a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, trata de personas y crimen organizado.
También instaura el sistema adversarial o acusatorio. Se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (a cargo del fiscal) de la función de juzgar (responsabilidad del juez), por lo que los fiscales asumen un rol preponderante.
Se prevé que la instrumentación de la ley tomará más de cuatro años ya que se aplicará progresivamente en las jurisdicciones del norte del país, luego en las del sur y finalmente en las del centro.
El Código Procesal Penal Federal “permite lograr procesos más rápidos, sencillos y transparentes, e investigaciones eficaces para el juzgamiento de los delitos y la protección de los intereses de la sociedad, poniendo a la víctima en el centro del proceso”, expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
A su vez, el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez, remarcó que convertir en ley este proyecto apunta a la gestión digital de los casos, incorporando para ello tecnología y “fortaleciendo y modernizando las instituciones para adaptarlas a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad”.
El actual proyecto de reforma surgió de reuniones con actores judiciales, instituciones y miembros de la sociedad civil, a partir de cuyo diálogo se concretó el diseño de una norma jurídica que da un papel protagónico a la víctima durante el proceso penal. Los encuentros para la discusión del proyecto estuvieron enmarcados en el Programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Nuevas herramientas
Entre otras cosas, el nuevo Código:
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Incorpora leyes que ya habían sido aprobadas y puestas en práctica con buenos resultados: las leyes de Flagrancia, del Colaborador Eficaz, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena, sancionadas en los últimos años.
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También incorpora herramientas para la investigación de delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado y los hechos de corrupción.
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Contempla las diferentes realidades de la justicia federal de las provincias, cuyas problemáticas son específicas.
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Se incorporan las figuras del colaborador eficaz o “arrepentido”, el informante policial, el agente encubierto y el agente revelador.
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También incorpora nuevos sistemas de administración de justicia con la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.
Cambiar para mejorar
En 2014, el Congreso nacional había aprobado la ley 27.063 que modificó integralmente el Código Procesal Penal de la Nación. Pero había muchas cosas que habían quedado de soslayo, al ser un código de alcance nacional, como las diferentes realidades que viven las justicias federales de las provincias.
Por este motivo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se elaboró un proyecto para modificar varios artículos y dar paso al Código Procesal Penal Federal. Esta propuesta, discutida en el marco del programa de participación ciudadana Justicia 2020, se convirtió hoy en ley con la aprobación en Diputados por 134 votos a favor.
La titular de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR) explicó que “el Código aprobado en 2014 era incompleto porque no contemplaba la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
El proyecto había sido aprobado en abril por el Senado. Fue elaborado por una comisión bicameral, con activa participación de especialistas en la materia. Con la aprobación en Diputados queda convertido en ley y empezará a regir después de su promulgación.