El proyecto de ley 26.364, que comenzó a redactarse dos años antes de su puesta en marcha, tomó los principios rectores del Protocolo de Palermo, complementario de la Convención Internacional sobre Crimen Organizado Transnacional. Si bien algunos artículos de la misma fueron motivo de debates, era necesario que se tipificara en el código penal la Trata de Personas como Delito Federal.

La sanción de la primera norma nacional contra la trata de personas se remonta a 1913, conocida como la Ley Palacios, en alusión a su autor, el diputado socialista Alfredo Palacios. Pese a su vigencia, el Estado no llevó a ningún tratante a juicio por lo que muchos años más tarde terminó derogada.

En abril de 2008, la actual ley entró en vigor. Diez años después, aparece como una bisagra en la lucha contra la trata de personas, ya que permitió el rescate de más de 12 mil personas hasta marzo último.

“La trata de personas es un delito que se expandió a lo largo de los años, y si bien había artículos que penaban la facilitación de la prostitución o la reducción a la servidumbre, estos delitos eran tratados en el fuero ordinario”, rememora Zaida Gatti, directora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación.

En la práctica, la trata es interjurisdiccional: “Era necesario tipificarla como delito ‘federal’, ya que las víctimas son trasladas por diferentes provincias y localidades del país. De este modo un juzgado puede investigar toda la ruta de la explotación de personas, desde la captación hasta su explotación”, afirma la especialista.
Zaida Gatti, Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

A partir de la sanción de la ley se crearon unidades específicas de lucha contra la trata en todas las fuerzas de seguridad federales, así como la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el delito de trata, actual Programa Nacional. También se abrieron áreas de asistencia en el Ministerio de Desarrollo Social, y luego en todos los organismos de los estados Nacional y provinciales.

A fines del año 2012 se modificó la ley 26.364, lo que introdujo algunos cambios fundamentales, entre los que sobresalen la quita del consentimiento de la víctima mayor de edad, esto significa que aunque la persona captada declare que consentía la situación, el delito se condena igual: “Nadie puede consentir su propia explotación”, explicó Gatti.

Para Gatti fue clave que “las penas se hayan incrementado y se ampliaran los derechos de las víctimas, al mismo tiempo que se constituyeron en agravantes del delito los medios comisivos del mismo. En dicha reforma se crearon dos organismos que actualmente se encuentran en función y con resultados excelentes: el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas y el Consejo federal para la Lucha contra la Trata de Personas y Protección a las Víctimas”, detalló.

Recuperados

En el primer trimestre de este año se rescataron 50 víctimas de explotación sexual y 137 de explotación laboral. Casi 200 personas, sólo en tres meses, recobraron su libertad, dignidad e identidad, entre muchos de los derechos que les fueron arrasados, según los informes que elabora el Programa.

Esto es posible porque Argentina cuenta con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y brindar Asistencia a sus Víctimas desde hace ya 10 años. En ese lapso, el país plasmó en acciones concretas los compromisos internacionales asumidos. La presencia del Estado trabajando en conjunto desde cada área competente con el fin de prevenir y perseguir el delito organizado, condenar a los tratantes y brindar una asistencia integral a las víctimas rescatadas.

En aquel 2008, la Ley 26.364 creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, mediante Resolución N° 2149/08 del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. En mayo de 2012, se firmó la Resolución N° 731/12 que creó el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, lo que mantuvo y amplió sus funciones y competencias.

El objetivo primordial del Programa Nacional de Rescate es acompañar y asistir psicológica, social, médica y jurídicamente a las víctimas, desde el momento del rescate en los lugares de explotación hasta su declaración testimonial. Otro objetivo fundamental consiste en llevar adelante tareas de prevención, diseño de campañas de concientización, sensibilización y dictado de capacitaciones para diversos actores en todo el territorio de la República Argentina.

En el marco de la década cumplida por la Ley de Trata, se organizó una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados con el propósito de evaluar los resultados de su aplicación. La subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, María Fernanda Rodríguez, resumió las razones que motorizaron la reunión: “A 10 años de la sanción de la Ley de Trata, era necesario generar un espacio de diálogo entre legisladores, ONG, la Defensoría del Pueblo de Ciudad, la Protex y el Comité de Trata para reflexionar sobre necesidades y cambios legislativos, para ponernos todos en conocimiento sobre qué estábamos haciendo. Debemos aumentar el conocimiento sobre lo que se está trabajando y ver cuáles son las modificaciones que serían necesarias en el marco legislativo”, concluyó.

Ana Copes, diputada nacional mandato cumplido y actual coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata de Personas, afirmó en aquella oportunidad que “la trata está entre los tres delitos de mercado a nivel mundial”.

Bajo la órbita del Programa Nacional de Rescate funciona la línea 145. La misma es nacional, gratuita y anónima. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Se reciben denuncias sobre delitos de trata y explotación de personas. El año pasado se registraron 2791 denuncias, un número menor al registrado un año antes, con 3256 denuncias efectivas.

En el mismo Programa funciona la línea 149, creada luego de la sanción de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos. Dicha línea recibe denuncias de la ciudadanía que se sienta víctima de cualquier delito.